Una buena y otra mala.

 

En septiembre, se publicó la convocatoria para que las empresas farmacéuticas se sometieran al registro sanitario que les permitiera comercializarlas en México. Antes de esto, muchas personas buscaban como protegerse del temido covid, una buena es que ya podrán hacerlo, y por otro lado las campañas de vacunación del gobierno no lograban establecer sus metas, una mala.

 

La buena, es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio luz verde a la venta de vacunas contra covid en México. La Cofepris explicó recientemente que las farmacéuticas debían comprobar la “calidad, seguridad y eficacia de los productos”, los cuales serán evaluados por personal especializado en medicamentos biológicos y biotecnológicos. Fue hasta el pasado 7 de diciembre que las vacunas de Pfizer y Moderna recibieron la aprobación de registro sanitario al cumplir con los requisitos. Esto abrió la puerta a que las vacunas ya podrán ser comercializadas en el sector privado, sin embargo, deberán ser suministradas solo bajo supervisión médica. Este proceso regulatorio se considera pionero en el mundo debido a que es parte de la transición de la autorización de uso de emergencia hacia el registro sanitario para vacunas contra covid. Las vacunas aprobadas son Spikevax (Monovalente XBB 1.5) de Moderna, que solicitó su registro sanitario a través de su representante legal en México, Asofarma; y a la vacuna Comirnaty (Ómicron XBB 1.5) de Pfizer. “Esta noticia representa uno de los más importantes avances en la lucha contra el virus SARS-CoV-2 en México ya que podremos transitar de la autorización de uso de emergencia hacia el registro sanitario de la vacuna, lo cual nos permitirá comercializar nuestro biológico en el país”, mencionó Constanza Losada, presidenta y directora general de Pfizer México. El siguiente eslabón de la cadena del proceso es dónde se podrán adquirir las dosis ya que solo se podrán vender en puntos de salud que cuenten con licencia para medicamentos de la fracción I, II y III, y que tengan la infraestructura que se requiere. Se estima que de las cerca de 43 mil farmacias que hay en México, solo alrededor de 8 por ciento tienen dicha licencia. La mala es que con esto mencionaron que no todas las farmacias contarán con el permiso para su comercialización. Tiene que haber una autorización para biológicos, personal capacitado e infraestructura, tiene que haber una red de frío especial, porque los biológicos no es nada más ponerlos en el refrigerador, solamente 35 por ciento de las farmacias del país son las que tienen posibilidades de comercializar las vacunas. La buena es que desde la semana pasada, la vacuna Comirnaty contra la COVID-19 de Pfizer se está comercializando en más de 30 cadenas de farmacias y clínicas de México como Farmacias del Ahorro, San Pablo, Guadalajara, Benavides, Multifarmacias Genéricos, Grupo Vida Salud, Womedic, Healthec, entre otras, con un precio que va de los 848 a los 2 mil pesos. La mala es que este precio causó asombro al ejecutivo y en una de las mañaneras mencionó que no podían rebasar los 500 pesos, ¿será? En tanto, una buena es que la vacuna de Moderna Spikevax que también ya cuenta con registro sanitario por parte de la COFEPRIS ya llegó a territorio nacional el fin de semana, y está por distribuirse a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Dónde es más barata la vacuna contra COVID-19? Los precios varían en diversas farmacias como: Farmacias del Ahorro: 859 pesos, Farmacias San Pablo: 848 pesos, Farmacias Benavides: 884 pesos, Farmacias Guadalajara: entre 900 y mil pesos, Farmacias Walmart: 845 pesos.

 

La buena es que la población denominada “blanco” o con factores de riesgo ya tienen opción para aplicarse la vacuna de su preferencia en las diversas cadenas farmacéuticas del país, la mala es que no todos tendrán acceso a ella, solo los que puedan “pagar por su salud” se la aplicarán, además que algunas farmacias mencionaron que la venta es en un paquete de tres vacunas por lo que el abuso no se dejó esperar por las empresas; la buena es que las vacunas aprobadas cubren las diversas variables agresivas y con alto índice de contagiosidad tales como: Ómicron, Eris, Pirola; la mala es que las que aplica el gobierno no tienen esta protección (Abdala y Sputnik) Una buena y una mala. Aprovecho el renglón, para desearle un Feliz Año Nuevo y mucha salud.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

 

Ahora le toco al Consejo de Salubridad.

 

El Consejo de Salubridad General, fue creado por la necesidad de que el Estado mexicano tuviera un órgano ejecutivo capaz de prevenir y reaccionar de manera rápida y eficaz ante los distintos problemas que se pudieran suscitar en materia de salud en el país.

 

La iniciativa presentada por el diputado J.M. Rodríguez ante el Constituyente de 1917 tuvo la finalidad de atender un problema de salud pública consistente en la falta de higiene que afectaba a toda la República. Por su parte, el antes denominado Departamento de Salubridad, hoy Secretaría de Salud, tiene la obligación de dictar medidas preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, a reserva de que después sean sancionadas por el presidente de la República. Es un órgano constitucional creado para actuar como autoridad sanitaria en toda la República, que tiene como facultad el poder emitir disposiciones obligatorias de carácter general, sin intervención de ninguna autoridad administrativa, con el objetivo de mejorar la salud de los mexicanos. Sólo las disposiciones que dicte en materias de alcoholismo, sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana y contaminación ambiental serán sometidas a un control ex post por parte del Congreso de la Unión. Son también atribuciones del Consejo, determinar las acciones e instrumentos que sean necesarios para la evaluación y certificación de la calidad de los establecimientos de atención médica, y elaborar y mantener actualizado el cuadro básico de medicamentos y definir aquellos tratamientos y medicamentos asociados a gastos catastróficos. Tiene además la facultad de opinar sobre la concesión de licencias de utilidad pública que le sean requeridas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Recientemente el titular del ejecutivo, emitió un reglamento que excluye la opinión de especialistas, investigadores, académicos y científicos en materia de salud, los contrapesos, que pudieran debatir, sugerir, recomendar u opinar en lo concerniente a todo lo relacionado con el tema en cuestión. Dicho reglamento pretende, entre otras cosas, que todas las decisiones en materia de salud serán tomadas por el gobierno federal, sin tomar en cuenta las opiniones o consejos en dicho ámbito por parte de especialistas, investigadores, académicos y científicos. Finalmente es lo que le gusta al ejecutivo ¿no? Tener control absoluto. Retiró a los titulares, directores y/o representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); al Instituto Politécnico Nacional (IPN); a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); y a la Academia Mexicana de Pediatría A. C.. Así como a la Sociedad Mexicana de Salud Pública A. C.; Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas A. C.; Asociación Nacional de Hospitales Privados A. C.; Colegio Médico de México A. C.; Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería A. C.; Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica; la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. En su lugar, el titular del Ejecutivo, de igual forma incluyó a los titulares de la Secretaría de Salud; la Secretaría la Defensa Nacional (SEDENA); la Secretaría de Marina (SEMAR); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de igual modo la Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER). También incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR); del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la Academia Nacional de Medicina de México; y la Academia Mexicana de Cirugía, A. C..

 

El Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General es para que en lo concerniente, sea un órgano que depende directamente del titular del Ejecutivo Federal y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, es decir, todo recae en las decisiones del presidente. Igualmente el Consejo puede nombrar a un titular que lo represente propuesto por el titular de la Secretaria de Salud, en turno, quien “podrá invitar a las sesiones de dicho órgano, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar, por iniciativa propia o a sugerencia de alguna persona integrante del Consejo, a las personas servidoras públicas o representantes expertas, de los tres órdenes de gobierno o de cualquier otro organismo público, privado o social, quienes participarán en las sesiones con voz, pero sin voto”, refiere el documento. Será algo así como el ISAF, emite observaciones pero “sin que pase nada.”

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

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Huatabampo, Sonora

 

El caso de los Melones contaminados.

 

La salmonelosis es una enfermedad de distribución mundial transmitida por alimentos que afecta tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados y es considerado un problema de salud pública debido al gran impacto socioeconómico que ocasiona. Veamos.

 

Desde la década de los ochenta, la incidencia de salmonelosis aumentó considerablemente, alcanzando proporciones epidémicas en varios países, siendo los menores de cinco años y los mayores de 60 años de edad los grupos de edad más vulnerables. La salmonela es una bacteria que afecta principalmente al tubo intestinal, y luego de instalarse durante días se expulsa mediante las heces. La bacteria, normalmente se encuentra en alimentos y bebidas contaminadas, mismas que luego de ingerirse provocan afectaciones a la salud que van de leves a graves, siendo que en algunos casos puede pasar desapercibida y sin síntomas y en otros casos se puede complicar hasta la muerte. En casos leves, la salmonela se cura sin necesidad de medicamentos de cuatro a siete días después de haber tenido contacto con la bacteria; sin embargo, es importante el apoyo y diagnóstico de un médico para atenderse a tiempo en caso de que la enfermedad evolucione, ya que la infección puede presentarse en otros órganos del cuerpo, además del tracto intestinal. Recientemente se tiene conocimiento de ocho personas de Estados Unidos y Canadá que murieron debido a la salmonela ubicada presuntamente en melones contaminados que se venden en supermercados diversos. En Estados Unidos se estima que hay más de 230 personas infectadas con salmonela, de las cuales se hospitalizaron a 96, mientras que en Canadá hay cerca de 129 casos con 44 hospitalizaciones, por lo que las autoridades comenzaron con el retiro de los melones precortados y empaquetados en tiendas. Pero; ¿Melones? De acuerdo con los sitios de la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en francés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (CDC y FDA, por sus siglas en inglés) hasta el 7 de diciembre se contabilizan 359 enfermos. Luego de días de casos de salmonela relacionada con el melón, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social de México investigan la posibilidad de que algunas de los melones contaminados vengan del país, principalmente en unidades de producción del melón cantaloupe producido en ¡Guaymas, Sonora! Por el momento la investigación continúa en proceso y no se han confirmado elementos para señalar la producción del melón en México; sin embargo, Canadá dijo que la fruta producida en Sonora sí sería la responsable de los contagios.

 

La Secretaría de Agricultura informó que técnicos de agricultura están colectando muestras en producto, superficies y agua, las cuales se analizan en laboratorios de inocuidad del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) como parte de las acciones para dar seguimiento a la investigación sobre el brote. Digo, algo se tenía que hacer ¿no? La dependencia destacó que México es el principal proveedor de vegetales frescos a Estados Unidos, con quien se mantiene anualmente un intercambio comercial de productos agroalimentarios que supera los 44 mil millones de dólares. Imagínese usted el impacto económico que provocará esto a nuestro país después de este brote de salmonela en los países vecinos, no hay que perder de vista este caso por que las consecuencias serán a futuro. Mientras, esperemos que no pase a mayores y que no suceda además en nuestro país, que si bien el personal de salud identifica perfectamente este tipo de bacterias, también los extremos de la vida podrían estar en riesgo. Ya veremos.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

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Huatabampo, Sonora

 

Otra reforma a salud.

 

Recientemente, el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez confirmó que van por la extinción de Notimex, y una nueva reforma de Salud para concentrarlo todo en un nuevo experimento para la atención en salud y con ello controlar los recursos de un fondo que se transfieren a las entidades federativas, de 109 mil millones. No pues con razón.

 

El pasado martes nuestros legisladores aprobaron una nueva reforma al sistema de salud, que como las otras, cuando desaparecieron el Seguro Popular y luego al INSABI, se hace con toda improvisación y sin discutir absolutamente nada. Con esto le quitan a los Estados el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y centralizan esos recursos en el IMSS-Bienestar, además, elimina la obligación de mandar recursos al Fondo de Salud que permite la atención a enfermedades graves, como el cáncer. Esta reforma en la práctica desaparece el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), para las entidades federativas que suscriban el convenio con el IMSS-Bienestar. Se trata de una centralización, en la que las entidades federativas entregarán todo su dinero, personal y hospitales a la federación (IMSS-Bienestar), a cambio de una promesa vacía de tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Con este dictamen, se trasladarán los recursos de las entidades federativas al IMSS-Bienestar, directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asumiendo, con ninguna justificación, que esos recursos le pertenecen a la federación, sin que queda claro, como esa centralización, se traducirá en prestación de servicios de salud para la población en cada entidad federativa, es decir; sin reglas. Ya que la ley, no contempla que los recursos serán usados en la entidad federativa que es la fuente de financiamiento, sino que todo el dinero entrará a una bolsa general, para ser ejercido a gusto de IMSS-Bienestar. Desde que desapareció el Seguro Popular y desaparecieron los Regímenes estatales de protección social en salud, ha caído la atención médica regular y la atención médica de alta especialidad, hay desabasto de medicamentos, e incluso aumentó la mortalidad. En ese sentido, la centralización de los recursos para la salud emprendida en esta administración, se ha traducido en un mal manejo de recursos públicos, subejercicios, contrataciones en opacidad y simulación del gasto para transferir los recursos de la salud a los proyectos presidenciales como el tren maya o la refinería de dos bocas. La creación del IMSS-Bienestar se hizo de manera improvisada, en un solo día, sin el análisis necesario, está claro que no tiene reglas claras, ni personal directivo capacitado para centralizar tal cantidad de recursos y ejercerlos en beneficio de la salud. El único propósito de esta reforma es monopolizar recursos, para usarlos sin rendir cuentas. Esta reforma le quita soberanía a las entidades federativas, mismas que, de acuerdo a la Constitución y la Ley General de Salud son autoridades sanitarias, por lo que les corresponde ejercer recursos para garantizar el derecho a la protección de la salud. La Ley de Coordinación Fiscal se diseñó para fortalecer el federalismo fiscal y fortalecer la hacienda pública de los gobiernos locales, con esta reforma, que de facto desaparece uno de los fondos más importantes para el financiamiento de las entidades federativas, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se vulnera el pacto federal, ya que le corresponde a las entidades federativas en ejercicio de su soberanía, decidir el uso de los recursos que por derecho les corresponden para garantizar el derecho a la salud de sus poblaciones.

 

La intención de esta reforma es gastar el dinero de la salud pública sin justificación específica. Ahora se eliminan las reglas de transparencia y fiscalización que existen en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), para pasar el dinero al IMSS-Bienestar. Hoy en el gasto que se transfiere a las entidades federativas, se exige documentación que acredite las transferencias y el ejercicio de los recursos, hay obligaciones de transparencia, además de ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, con la centralización de todos los recursos directamente en el IMSS-Bienestar, no habrá nada de esto. Se elimina la disposición que obligaba a destinar recursos al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), ya que actualmente se dispone que, incluso las entidades federativas que firmen convenio de centralización, deben canalizar dinero a este fideicomiso que, entre otras cosas, sirve para financiar la atención a enfermedades que causan gastos catastróficos, como el cáncer o los infartos. Estamos en una grave regresión para el derecho a la protección de la salud. Si antes de esta reforma, la caída en el financiamiento de enfermedades de alto costo de parte del Fonsabi implicó que las personas sin seguridad social formal tuvieran que afrontar mayores gastos de bolsillo por su cuenta, ahora que ya no tendrá esos recursos, habrá menos atención médica de alta especialidad. Un retraso de 40 años en salud.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

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Huatabampo, Sonora

 

Otra vez en China.

 

Recientemente, la Comisión Nacional de Salud informó de un incremento en la incidencia de patologías respiratorias en China. En un primer momento, las autoridades atribuyeron este aumento al levantamiento de las restricciones por coronavirus y a la circulación de patógenos que provocan infecciones respiratorias. A pesar de este Deja Vú, no deja de causarnos asombro y hasta miedo.

 

Los medios informaron casos de neumonía no diagnosticada en niños en el norte de China, y no estaba claro de si estaba asociado con el aumento general de las infecciones respiratorias o se trataba de un "evento separado". Ante esta situación, la OMS solicitó información epidemiológica y clínica, de estos grupos notificados entre niños, así como datos sobre las tendencias recientes en la circulación de patógenos conocidos, entre los que se incluyen: gripe, Sars-CoV-2, virus sincitial respiratorio y  mycoplasma pneumoniae. Curiosamente en estas mismas fechas, pero hace ya cuatro años, un virus desconocido comenzó a extenderse en China hasta convertirse en una crisis sanitaria global que hoy todos conocemos como pandemia de COVID-19. El mundo cambió y la cuestión de si podría volver a ocurrir se ha convertido en una pregunta frecuente. Con estos antecedentes no es extraño que la Organización Mundial de la Salud mantenga una estrecha vigilancia y análisis sobre los datos de los sistemas de vigilancia de salud nacionales, alertando de cualquier posible anomalía. De esta manera, a mediados de octubre, la OMS informó de un notable aumento de enfermedades respiratorias en China que afecta especialmente a niños. Las autoridades chinas, conscientes de su imagen pública tras el COVID, realizaron una conferencia de prensa el pasado 13 de noviembre en el que reconocían ese aumento a nivel nacional en la incidencia de enfermedades respiratorias y lo achacaban "al levantamiento de las restricciones por el COVID-19, a la llegada de la temporada de frío, y a la circulación de patógenos conocidos como la influenza, la bacteria Mycoplasma pneumoniae, el virus respiratorio sincitial o el propio coronavirus". Nature, publicó un artículo titulado “¿Qué hay detrás de la misteriosa ola de neumonía infantil en China?” en el que reconoce que “aunque se esperaba un aumento de las enfermedades respiratorias tras el levantamiento de las restricciones, lo que está sucediendo en China es inusual”. La Organización Mundial de la Salud también ha publicado un informe analizando “el aumento de enfermedades respiratorias entre niños: norte de China”. Fuera de China, las escenas, para algunos, les han traído recuerdos de los primeros días de COVID, que surgió como una neumonía misteriosa, y alimentaron la preocupación de que en el continente pudiera surgir otro nuevo patógeno. Los expertos en salud, al igual que el gobierno, dicen que el culpable probablemente sea un germen existente. El mycoplasma es un patógeno común que causa neumonía entre niños de cinco años o más y ha desencadenado epidemias en China cada dos o cuatro años. La neumonía por mycoplasma o neumonía atípica despliega síntomas que, en general, son leves, desaparecen en unas semanas y su tratamiento con antibióticos es relativamente sencillo. La cuestión ahora es por qué una neumonía relativamente leve que no suele necesitar hospitalización está afectando tan duramente a los niños. La última tasa de positividad de mycoplasma en Beijing (40%) es aproximadamente 1.3 veces mayor que su pico de 2019, según la firma de análisis de datos de salud Airfinity. Los síntomas observados entre los niños en China están alineados con los típicos de las infecciones por mycoplasma, con una baja incidencia de enfermedad grave, dijo Airfinity en un informe, aunque señaló que también se han reportado síntomas atípicos en un hospital de la provincia de Sichuan. Un problema es la resistencia al antibiótico que es la región donde la tasa de resistencia (al antibiótico) es la más alta.

La infección bacteriana también parece haber provocado aumentos en otros países. Un análisis de las detecciones de casos en 23 países y regiones de todo el mundo citado por Airfinity mostró aumentos en Dinamarca, Suecia y Singapur desde finales de 2022 hasta principios de 2023, mientras gran parte del mundo lidiaba con un aumento de la gripe y el virus sincitial respiratorio, posterior a COVID. Pero incluso cuando el peligro del mycoplasma para los niños disminuye, la Comisión Nacional de Salud de China dijo, a finales de la semana pasada, que la propagación de varios patógenos respiratorios podría converger en un brote importante de aquí a la próxima primavera. La preocupación de asistir a la propagación de otro patógeno desconocido y las siempre difíciles relaciones de transparencia con China han hecho que la OMS y las principales revistas científicas hayan publicado rápidamente todo lo que sabemos hasta el momento.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

 

El subejercicio en Salud.

 

El gasto público en salud en México ha experimentado una caída histórica durante este sexenio, según informes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta disminución se produce en medio de una debilidad en los ingresos públicos y subejercicios reportados en la Secretaría de Salud. Este gasto está muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que esta situación plantea un desafío significativo para el sistema y la atención médica.

 

El reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló un subejercicio en el gasto programable que alcanzó los 128 mil 551 millones de pesos en todas las dependencias gubernamentales para el tercer trimestre de 2023. Específicamente en el ramo 12 de salud hubo un subejercicio de 39 mil 477 millones de pesos. Pero; ¿Qué es el subejercicio? El subejercicio se da cuando alguna entidad pública no ha gastado lo que tenía autorizado gastar en un ejercicio fiscal y puede interpretarse de dos maneras: como un ahorro o como una falta de capacidad institucional para ejecutar el presupuesto. ¿Cuál cree usted que sea? Ahorro en salud parece que no es lo fuerte en este gobierno. El presidente ha sido enfático en decir que para salud se tiene “todo el dinero que se necesite”, mientras que funcionarios comentan que: “El no gastar, no es un ahorro”. Por lo que la interpretación de falta de capacidad institucional para ejecutar el presupuesto gana terreno en el discurso político. Sin embargo un subejercicio no necesariamente indica siempre una falta real de gasto. Esto puede deberse a varias razones: Ejecución ineficiente del gasto: Esto puede obedecer a una planificación deficiente, problemas administrativos, o bien, falta de personal calificado para implementar los proyectos o programas. La otra son retrasos en procesos de licitación o contratación: Procesos burocráticos y/o legales prolongados en la planeación, ejecución y cobranza pueden demorar la ejecución del gasto. Otro más son los problemas en la cadena de suministro: Factores externos como la escasez de materiales o crisis económicas pueden retrasar proyectos y, por lo tanto, la ejecución del gasto. Y la sobrestimación de las necesidades de gasto: A veces se presupuesta más de lo necesario debido a una evaluación demasiado optimista (Recordemos el “Presupuesto base cero, en el sexenio pasado). En ocasiones, el subejercicio también puede deberse a que la SHCP no entrega los recursos a tiempo, aunque oficialmente la responsabilidad recae en la entidad pública. Todas estas situaciones pueden llevar a que los fondos asignados no se gasten completamente durante el período presupuestario, resultando en un subejercicio. Sin embargo, esto no significa necesariamente que hubo un ahorro intencional o que los fondos no sean necesarios. En el caso de la salud es de vital importancia puesto que no sólo hablamos de números, sino de la salud de millones de mexicanos. La caída del gasto en salud en México refleja una situación preocupante en el sistema y la atención médica en el país. La falta de inversión adecuada tiene consecuencias directas en la calidad y accesibilidad de los servicios médicos para la población. Además, el aumento del gasto de bolsillo pone una carga adicional sobre los hogares mexicanos, lo que agrava aún más la desigualdad y dificulta el acceso a la atención médica.

 

El gasto en salud en México representó más del doble del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A pesar de que muchos países cuentan con una cobertura sanitaria casi universal, los pagos de bolsillo siguen siendo una fuente importante de financiamiento de la salud. Esto se refiere a la proporción del gasto que los hogares destinan directamente para cubrir los diferentes requisitos de atención médica, una vez que satisfacen sus necesidades alimentarias. Al tercer trimestre de 2023, la partida de Medicinas y productos farmacéuticos, tiene un subejercicio de ¡18 mil millones! El presupuesto aprobado fue de 82 mil millones y el monto ejercido solo de 64,011 mil millones. Estos 18 mil millones que “quitaron” a la salud, son equivalentes a todo el presupuesto para vacunación y salud materna juntos. Sí, aquellos rubros en donde la salud ha caído a niveles históricos. México atraviesa el peor nivel de vacunación de los últimos 18 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019. Los datos revelaron que solo 18.5% de menores de un año de edad cuenta con su esquema completo de vacunación, es decir, ocho de cada 10 no están protegidos contra enfermedades para las que ya existen vacunas. ¿Ahorro o ineficiencia? Cual sea la causa, pero nos están enfermando más.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

La nueva credencial de salud.

 

El derecho a la salud es un derecho preponderante que desde el artículo 4 de la Constitución Federal se establece para toda persona que se encuentre en el territorio nacional, de manera preventiva, curativa y de rehabilitación, así como de los tratamientos paliativos que sean necesarios bajo un diagnóstico. El servicio de salud es proporcionado por las diversas instituciones públicas, privadas y de carácter social. Suena bien, ¿no?

 

Los beneficiarios de los diversos servicios de salud tienen el derecho de recibir la atención sin ningún tipo de discriminación, desde la relación médico-paciente como de los medicamentos y los insumos esenciales para un oportuno y temprano diagnóstico y tratamiento de los padecimientos detectados por las unidades médicas de consulta, hospitalización y de alta especialización, conforme a las instituciones encargadas y autorizadas para dar los servicios. El acceso a los servicios deberá ser de manera igualitaria para toda la población, y equitativa atendiendo al derecho de proporcionalidad, es decir, en la misma proporción en que sean requeridos por los beneficiarios serán proporcionados para ellos, sin distinción cuantitativa y cualitativa, de ahí que, con el propio artículo 1 de la Constitución Federal, desde el año 2011 se pueda establecer como un derecho humano. Todo beneficiario del servicio de salud debe también contar con un expediente clínico, que deberá ser requisitado y llenado por el personal de salud con los datos que establece para ello la Norma Oficial Mexicana de Salud, número 004. La información y atención derivada del servicio deberá darse bajo el principio de confidencialidad y protección de los datos personales del beneficiario. Entre las obligaciones de los beneficiarios de los servicios de salud se encuentran conducir sus acciones tendientes a proteger la salud y prevenir las enfermedades; hacer uso de las credenciales o identificación del servicio sin transferirlas; informarse sobre los procedimientos que rigen en el establecimiento que le brinde el servicio; informarle veraz y oportunamente al personal de salud acerca de sus antecedentes, necesidades y problemas de salud; cumplir con las recomendaciones de prescripción, tratamiento o procedimiento en general que le otorgue el personal de salud; informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consulta y quejas. En nuestro sistema de salud todo parecería marchar bien. Tras la firma del Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud con los gobiernos de 23 entidades del país, por medio del esquema IMSS Bienestar, el presidente detalló que el servicio en esas entidades se ofrece sin la necesidad de presentar algún documento y de manera gratuita, pero adelantó que posteriormente se otorgará a los usuarios una “tarjeta" para poder dar seguimiento de la situación de salud de cada persona y los medicamentos que reciben. Cuando inició esta administración, Angélica Cisneros, extitular del Seguro Popular y actual diputada por Morena, anunció, junto con Jorge Alcocer, secretario de Salud, la eliminación de este esquema de seguridad, el cual sería reemplazado por el Insabi. Dijeron que ya no habría un proceso de credencialización y no hubo credenciales por cinco años. ¿Son necesarias?

 

Recientemente se anunció el inicio del proceso de credencialización de los servicios del IMSS-Bienestar, con el objetivo de identificar beneficiarios y verificar que los datos estén actualizados, para lo cual tiene razón, porque desde los tiempos del Seguro Popular ya se tenía registro de un padrón inflado de beneficiarios o de doble afiliación. ¿Hay antecedentes? ¿Tenía credencial el Seguro Popular? Seguro Popular contaba con una póliza de afiliación, pero en algún momento se planteó la credencial. ¿Por qué no prosperó? Resulta que Image Technology, era una empresa que, fue involucrada en una red de corrupción que escaló hasta la destitución e inhabilitación del titular del Seguro Popular, debido a marcadas deficiencias en el proceso de credencialización de sus beneficiarios. Por considerar que Image Technology entregó material deficiente y que la tarjeta electrónica que le fue encargada jamás funcionó, la Secretaría de la Función Pública canceló un contrato que la Secretaría de Salud había firmado con la empresa por un monto de 465 millones de pesos. Con estos recursos se habría financiado, entre otras cosas, la expedición de 3.7 millones de credenciales para afiliados al Seguro Popular, además de la instalación de un sistema operativo que habría contenido los datos de los medicamentos empleados en cada región del país. En sus indagatorias, la SFP determinó que las micas ofrecidas por Image Technology incumplieron con las especificaciones oficiales y estaban abiertas a filtraciones de seguridad. La cancelación del proyecto causó un perjuicio de 368 millones de pesos al patrimonio público. En la competencia por la credencialización, también se encontraba la familia Kahwagi, dueña de la empresa Cosmocolor, encargada de la emisión de licencias de conducir en Sonora, Nuevo León y Puebla y a la que la Función Pública ligó en el fracaso del enrolamiento de identidades para la credencial del Seguro Popular. Lo más fácil sería consultar su estatus con INE o CURP como se ha venido haciendo ya que la experiencia nos dice que la credencialización solo sirve para llenar los bolsillos de alguien.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

 

 

 

 

El complicado tema de la objeción de conciencia.

 

La salud ha sido señalada por organismos internacionales como un elemento fundamental del progreso social y reconocimiento de la dignidad humana, teniendo en cuenta que todos y cada uno de los individuos activos son sujetos de su protección, tanto si se trata del personal de salud como de los pacientes y sus familias.

 

La objeción de conciencia es definida conceptualmente como el rechazo a someterse a una norma o a una disposición de ley que se considera injusta, en cuanto que se opone a la ley natural, contraria al respeto de la vida y dignidad humana. ¿Cómo es eso? Digamos que existe una paciente embarazada en un hospital producto de una violación y la paciente desea practicarse un aborto, pero por otra parte el médico a cargo, debido a sus creencias, no quiere realizarlo. ¿Complejo, verdad? En este sentido, los razonamientos actuales en materia de bioética poseen una importante relevancia para la clarificación de los dilemas médicos, y es precisamente la objeción de conciencia un ejercicio de la autonomía en el contexto de la atención médica que toma en cuenta la situación social, económica y de salud en el mundo, considerando sus implicaciones éticas. En México existen algunas disposiciones legales que reconocen la objeción de conciencia como un derecho, a saber: Artículo 24. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Artículo 59. Ley de salud del Distrito Federal: El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir; cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia. Norma Oficial Mexicana 046: En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El pasado mayo de 2018, el Congreso, adicionó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud en el que se establece que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida del paciente no se ponga o se encuentre en riesgo. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta adición del artículo 10 Bis. Nuevamente resurge la polémica en este tema ya que se pretende regular bajo qué casos el personal médico puede negarse a cumplir su trabajo sin tener repercusiones laborales, penales, administrativas y, lo más importante, sin violar el derecho de otras personas. “La objeción de conciencia es la negativa a cumplir un mandato jurídico por ser incompatible con sus convicciones fundamentales”, explica el dictamen avalado en comisiones, el cual reúne las iniciativas presentadas por Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La nueva redacción de dicho artículo indicará que la objeción de conciencia será “el derecho individual del personal médico profesional y de enfermería adscrito al Sistema Nacional de Salud para negarse a realizar un acto médico legalmente aprobado y jurídicamente exigible, al considerarlo incompatible con sus convicciones religiosas, principios morales o de conciencia ética”.

 

En 2021, la Corte exhortó al Congreso a regular el derecho a la objeción de conciencia, aclarar que es individual y establecer reglas bajo las cuales las trabajadoras y los trabajadores de la salud puedan apegarse a él sin poner en riesgo la vida o la integridad de otra persona a su cuidado. Además, indicar en la ley que el Estado debe contar con personal no objetor. El pasado 31 de octubre, Morena y aliados aprobaron una reforma a la Ley General de Salud en la que se establece que la objeción de conciencia no será procedente cuando falte personal, cuando la negativa o postergación de la atención implique un riesgo para la salud de la persona, exista la posibilidad de secuelas o discapacidades, prolongue el sufrimiento o no exista una alternativa viable. Además, indica que el retraso o entorpecimiento de los servicios de salud de manera negligente, bajo la premisa de objeción de conciencia, dará lugar a sanciones de carácter civil, administrativo e incluso penal. Por considerar que la reforma atenta contra esa libertad y criminaliza la práctica médica, representantes del gremio hicieron un llamado al Senado para abrir un diálogo de discusión antes de su eventual aprobación. A nombre de más de 60 asociaciones y decenas de profesionales de la salud, José Narro, ex Secretario de Salud, llamó a evitar una persecución contra médicos y enfermeras por su actuar profesional. Un tema complejo, pero necesario.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

Acapulco: La tragedia.

 

Cuando el Centro de Control de Huracanes de Miami había advertido sobre la peligrosidad de Otis, en Acapulco todo continuaba normal, a los turistas se les decía que se quedaran en su habitación, y evitaran actividades fuera de sus hoteles. No tenían idea de la devastación que estaba por venir, y que pudo prevenirse ¿o no?

 

Horas después de que había pasado el huracán no se tenía información. No se habilitaron refugios para sectores populares porque nada estaba previsto: no se previó que ante un huracán categoría cuatro (ésa era la información original) con vientos superiores a 200 kilómetros por hora (fueron finalmente de 270 kilómetros) se necesitaran tomar precauciones adicionales a las de una simple tormenta. Tomando en cuenta que Acapulco es una ciudad en donde las necesidades son muchas. Un lugar turístico y nostálgico para muchos en nuestro país; si, pero con una población en situación vulnerable, a donde no llegan los beneficios de la derrama económica por el sector turístico. Acapulco (al igual que el resto del país) también padece de indiferencia de sus autoridades, inseguridad, drogadicción, y padecimientos de salud que se asocian a todo esto. Hay que recordar que Acapulco es la sede de una de las secretarias que se mudaron, debido a la decisión (unilateral) del ejecutivo; la secretaria de salud. ¿Estará igual a cómo se encuentra Acapulco?  El secretario de salud, fue el único del gabinete que mudó las oficinas de esta dependencia federal al puerto de Acapulco. Mudanza que le salió a la Federación en 140 millones de pesos y en la que sólo se trasladaron menos de 200 trabajadores, muy lejos del edificio que tiene en la calle de Lieja, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Algo que a muchos nos parece absurdo o a ¿alguien le ha parecido útil la oficina de la SADER en Cajeme, por mencionar un ejemplo? Los temas más apremiantes actualmente en salud, son varios entre los que destacan los derivados de la falta de combustible, del servicio de luz eléctrica y del desabasto de agua. Este último el más sensible para la población. Es la falta de agua que reclaman miles de habitantes guerrerenses, lo que impacta directamente en la atención médica. El nulo funcionamiento de los drenajes y la falta de agua potable en Acapulco ponen en riesgo a los pobladores de contraer enfermedades gastrointestinales, respiratorias, dengue, zika, tifoidea y hasta posible riesgo de cólera, que se puede transmitir por agua contaminada, de acuerdo con infectólogos e inmunólogos. Los enfermos más graves han sido enviados a hospitales de la Ciudad de México, tanto de la Secretaría de Salud, del IMSS e ISSSTE, un total de 114 personas. Los datos oficiales más recientes revelan que se han realizado 325 traslados de pacientes: 272 terrestres y 53 por vía aérea. Sin embargo, aún no se cuantifican los afectados por Otis. Se sabe que las autoridades de salud han comenzado a realizar un censo. Este fenómeno meteorológico golpeó también la red de salud hospitalaria de Acapulco. Un total de 120 hospitales y clínicas resultaron con afectaciones, algunas más graves que otras. En las primeras horas todo fue un caos y muchas personas que resultaron dañadas, ya sea porque se fracturaron una extremidad, se cortaron con alguna lámina suelta o se golpearon la cabeza, no tuvieron atención médica porque personal de salud no se daba abasto porque los mismos hospitales resultaron afectados. La instalación del Comando para la Seguridad en Salud tiene como prioridad evacuar a la población de las zonas inundadas, prevenir enfermedades infecciosas e instalar albergues seguros, con acceso a agua limpia y comida segura. Sin embargo, se requieren plantas potabilizadoras para asegurar agua limpia, situación que aún no se tiene en Acapulco.

 

Después del huracán Paulina, en Octubre de 1997 el presidente en aquel entonces el Dr. Ernesto Zedillo suspendió un viaje que tenía programado a Alemania y se trasladó para instalarse de manera permanente a Acapulco que se encontraba devastado al igual que Oaxaca. Pidió la renuncia del alcalde en turno que era compadre del gobernador y que en ese entonces no se sabe si se encontraba en las Vegas o en Disney cuando sucedió la tragedia del huracán. Hasta el término de esta columna no se ha visto a la gobernadora Evelin Salgado ni a la alcaldesa de Acapulco atender a sus votantes. Se dice que la gobernadora se encontraba en una fiesta en Nayarit. Lo cierto (y para su suerte) es que no correrán la misma suerte con la que corrieron sus antecesores. Pobre Acapulco que además de padecer estas tragedias, también sufren las inclemencias del clima.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

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Huatabampo, Sonora

 

El alboroto de las vacunas caducadas.

 

Las vacunas son productos biológicos utilizados para conseguir una inmunización activa artificial. Actualmente hay vacunas cada vez más potentes, eficaces y seguras. Actualmente se está ampliando la lista de enfermedades prevenibles con vacunas, que, junto a la mayor población susceptible de ser vacunada, hace previsible que aumenten los productos vacunales en este siglo. Pero ¿caducan?

 

En torno a las vacunas confluyen múltiples intereses: sociales, tecnológicos, económicos, supersticiosos, y ahora hasta políticos. Una vacuna es una suspensión de microorganismos vivos atenuados, inactivos, de una de sus partes o de un producto derivado de ellos que se administra para producir una infección similar a la infección natural pero sin peligro para el que la recibe, con el objetivo de producir una respuesta inmunitaria que le proteja frente a contactos con el germen del que se le ha vacunado. Si la protección se extiende a personas no vacunadas se habla de inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, un término que escuchamos con frecuencia durante el periodo de pandemia. Ahora bien, ¿De qué están hechas las vacunas? Las vacunas se componen primero del antígeno inmunizante (la protección); una solución destilada con proteína (generalmente de huevo); preservantes, estabilizantes y antibióticos que impiden el crecimiento bacteriano. Estas últimas han sido catalogadas como las culpables de reacciones tóxicas como: el timerosal (mercuriales) que es un antiséptico y antifungico; las vacunas infantiles están libres de esta sustancia. Otro componente es la gelatina, que es probablemente la culpable de la mayor cantidad de reacciones alérgicas. Y por último el adyuvante, que es cualquier sustancia que incorporada a una vacuna acelera, prolonga o potencia la respuesta inmunológica frente a la misma. Las vacunas actuales, por motivos de seguridad, están altamente purificadas, lo que las hace menos inmunógenas. Los adyuvantes solventan este déficit además de permitir usarlas en personas con inmunidad disminuida, necesitando mucha menos cantidad de antígeno por vacuna y menor número de dosis, un efecto denominado: depot. Recientemente En el marco de la campaña nacional de vacunación contra COVID-19, se hizo un llamado a la ciudadanía a fijarse bien e incluso pedir al personal de salud mostrar la fecha de caducidad y lotes de las vacunas Abdala que se prevén aplicar, porque están “caducadas”, advirtieron que la Secretaría de Salud federal emitió un oficio, en el cuál, “extendió” de manera artificial la vida útil de algunos lotes de esos antídotos, que caducaban en agosto de este 2023, es decir, desde hace dos meses. Esto ha causado revuelo e incertidumbre en la población. Lo primero que tenemos que saber es que las vacunas no tienen una fecha de “caducidad” como tal porque no entran en proceso de descomposición como sucede con los alimentos. Sí tienen un periodo de vida útil durante el cual mantienen su efectividad. Es decir, sirven para lo que fueron creadas. A este periodo se le llama “tiempo de anaquel de la vacuna” o “vida media biológica del antígeno”. En realidad, no se echa a perder nada, no caduca ningún ingrediente; simplemente, disminuye la eficacia de la vacuna cuando rebasa el tiempo de anaquel, que normalmente se calcula tomando en cuenta el tiempo mínimo necesario que se requiere para que la eficacia de la vacuna disminuya al menos al 50%.  Este periodo tiene que ver con la estabilidad de los ingredientes. En este caso, del antígeno (el elemento que causa la respuesta inmune), y de la matriz, que es lo que lo contiene. Entonces, si se recibe una vacuna que ya concluyó con su periodo de vida útil, lo único que pasa es que no se brindará la protección que debería. Eso pasa con cualquier vacuna y no solo con la de COVID.

 

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012 de Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, fabotérapicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano, establece que una vez concluida la vigencia de uso de todos los productos biológicos deben darse de baja, inactivarse y desecharse. Este instrumento es aplicable a todas las vacunas sin distinción y no solo las utilizadas contra covid-19. ¿Se están brincando la Norma Oficial por medio de oficio? Con razón quieren desaparecerlas, así se evitarían el oficio y la inconformidad.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

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Huatabampo, Sonora

 

 

Experimentando con los Hospitales de Alta Especialidad.

 

Las instituciones públicas de salud que dan atención en Hospitales denominados de  Alta Especialidad, se otorga en el tercer nivel de atención, ya que concentra la tecnología y el equipo de mayor costo, y pacientes cuyos problemas de salud requieren de este tipo de insumos. ¿Qué quiere decir esto? Requieren de un recurso económico mucho mayor, a un hospital convencional de segundo nivel.

 

El tercer nivel de atención, con algunos matices, es considerado por las distintas instituciones, en el que tiene la mayor capacidad resolutiva por los recursos tecnológicos y médicos, y cuya función asistencial se concentra en los problemas de mayor complejidad. El concepto de la atención médica de alta especialidad se entiende como la forma de realizar la práctica médica de una especialidad, en un determinado lugar, en donde la infraestructura es planificada y las condiciones para su ejercicio se caracterizan por contar con tecnología de punta, idónea, así como por la suficiencia y oportunidad de los insumos, no solo para la atención desde el punto de vista clínico y quirúrgico, sino también para la investigación, la formación y la actualización de recursos humanos competentes. Orientada hacia la atención de daños a pacientes cuyo perfil se caracteriza por la alta complejidad para el diagnóstico y el tratamiento, con costo elevado (para la institución y no para el paciente que por su derecho habiencia, está cubierto). A partir del viernes pasado, el presidente emitió un decreto que ordena transferir al IMSS-Bienestar seis hospitales federales de alta especialidad que pertenecían a la Secretaría de Salud. Se trata de los hospitales regionales de alta especialidad del Bajío, el de Oaxaca, Yucatán, Ciudad Victoria e Ixtapaluca, así como del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Esas unidades médicas serán administradas por el nuevo organismo de salud, según establece el Decreto por el que se desincorporan por fusión el Centro y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que se indican con el IMSS-Bienestar. Lo anterior significa que los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales de los hospitales de especialidad también serán gestionados y transferidos al IMSS-Bienestar. De los seis hospitales que se fusionarán con el nuevo organismo sanitario, tres fueron construidos bajo el esquema de asociación pública-privada durante sexenios pasados. Este modelo implica diseñar, construir, operar y mantener los hospitales con dinero privado a cambio de que el gobierno federal pague un monto anual por un tiempo determinado para cubrir el costo. De esta manera, la operación de las unidades médicas, creadas como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, queda a cargo del gobierno y puede disponer de ellas, siempre y cuando cumpla los contratos celebrados con los privados. Uno de estos hospitales es el Regional de Alta Especialidad del Bajío, ubicado en León, Guanajuato. El contrato de esta unidad médica de 247 camas se asignó en 2005 y establece que el gobierno pagará por su mantenimiento y operación un monto anual de 354 millones de pesos durante 25 años. A la fecha, quedan siete años vigentes de ese acuerdo. También se decreta el traspaso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, por el que el gobierno federal paga anualmente 531 millones de pesos desde 2007 y restan nueve años para concluir el contrato firmado por 25 años. El otro hospital es el Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, con un costo al año de 622 millones de pesos. El contrato inició en 2009 y duraría 25 años.

 

Antes de publicar el decreto, el presidente López Obrador informó que su gobierno busca adquirir estos hospitales o renegociar los contratos. El cambio, estos hospitales mantendrán su personalidad jurídica y el IMSS-Bienestar debe encargarse de todas las acciones que se encuentren en proceso, incluidas las obligaciones derivadas de juicios y procedimientos administrativos y de instrumentos contractuales iniciados. Este decreto abre la puerta a que el IMSS-Bienestar también gestione los servicios de salud de alta especialidad para la población sin seguridad social. Hasta ahora, el organismo sanitario contaba únicamente con clínicas y hospitales de segundo nivel, es decir, proveía atención médica básica y de especialidad que no fuera de alta complejidad. Ahora vamos a ver si funcionará con recursos propios ya que están siendo prácticamente “expropiados” experimentando una vez más con la salud de los mexicanos.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

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Huatabampo, Sonora

 

 

El show debe continuar.

 

Pese a que la frase es muy popular a nivel mundial, se desconoce el origen preciso de la misma, pues se ha atribuido a distintas personas y situaciones a lo largo de la historia. Y a pesar de que se utiliza mayormente en el mundo del espectáculo, muchas personas han llevado esta frase a la cotidianidad, haciendo referencia a la vida propia y los problemas que pueden surgir en el camino, es decir, en lugar del show, señalan que la vida debe continuar, pero ¿a qué costo?

 

Por otra parte, algunas personas refieren que la frase nació gracias al cantante francés Charles Aznavour, quien la usó una vez que se sintió indispuesto en un escenario, pero esta teoría tiene otra versión que señala que el artista llegó a un escenario con el brazo lastimado. Incluso hay quienes le atribuyen la frase a una Freddie Mercury en una canción de Queen, pero esto sería casi imposible debido a que la frase ya se utilizaba en el mundo. Sin embargo, aunque no esté muy claro el origen de la famosa frase, es importante seguir adelante con nuestra vida, pues como la misma lo dice... "el show debe continuar". Así los mexicanos hemos pasado los últimos años con respecto a nuestro sistema de salud ya que tenemos seis años donde nos están diciendo que tendremos un sistema de salud como Dinamarca y nomás no lo vemos por ningún lado, por el contrario vemos como cada vez se encuentra más desmantelado. En días pasados se citó a palacio nacional a todos los gobernadores (principalmente los del mismo partido del ejecutivo) para firmar un acuerdo y federalizar los servicios de salud (¿?) Siendo (la nueva) “Ley General de Salud” (Reformada por cuarta ocasión) debe ser firmada por cada uno de los estados para implementarlas posteriormente en sus determinadas zonas. Firmaron el Acuerdo, los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; de Campeche, Layda Sansores; de Chiapas, Rutilio Escandón; el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres; Julio Menchaca, de Hidalgo; Delfina Gómez, del Estado de México; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Oaxaca, Salomón Jara; Sergio Salomón, de Puebla; Indira Vizcaíno, de Colima; Mara Lezama, de Quintana Roo. Además, firmaron el acuerdo Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; de Sinaloa, Rubén Rocha; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tabasco, Carlos Manuel Merino; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Veracruz, Cuitláhuac García; y de Zacatecas, David Monreal. No acudieron a esta firma los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Guerrero, Evelyn Salgado, pero sus secretarios de salud, habían firmaron también el acuerdo. En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que el derecho a la salud ya está en la Constitución, en el artículo Cuarto, (Ya estaba antes de su administración) pero reconoció que en la práctica en hospitales no hay médicos, no hay especialistas, no hay medicinas es “letra muerta”. Y eso que ya lleva seis años en el cargo diciendo que todo estaba bien; ¿o no? El acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adheriste, participar con la Federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas por nada porque la salud no es privilegio, es un derecho. “Queremos que a más tardar en marzo del año próximo ya esté funcionando al 100% todo el sistema”, explicó. Pero, ¿Cuál fue el fondo de ese “show?

 

La realidad es que actualmente la población que no cuenta con seguridad social ha sufrido un verdadero calvario a la hora de enfermarse, hoy día los paciente prefieren acudir a un servicio privado incluyendo los consultorios aledaños a farmacias porque en sus unidades no cuentan con medicamentos o estudios complementarios para su atención. La salud ya era un derecho y tampoco se cobraba por su atención, vamos, hasta se subrogaba el servicio a unidades privadas sin costo alguno para el paciente si su unidad no lo tenía como por ejemplo los medicamentos. Primero comenzó con el show de desaparecer el Seguro Popular, después abrieron el telón con un INSABI que ya no existe porque simplemente no funcionó y la nueva puesta en escena es que los estados van a ceder su sistema de salud con todo y personal a un programa de IMSS Bienestar que no contempla atención médica de tercer nivel como los padecimientos con cáncer. Pero como dijo Freddie Mercury: “El show debe continuar”.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

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Huatabampo, Sonora

La Mega farmacia.

 

Para nadie es un secreto que un problema (de los muchos) del sector salud en nuestro país, es el desabasto de medicamentos; vaya, si usted va a surtir una receta le van a deber un medicamento o varios; ¿Qué hace usted cuando eso sucede? ¿Qué opción tendría?

 

El pasado dos de agosto, el presidente López Obrador sorprendió a propios y extraños al proponer la construcción de una “mega farmacia” que, literalmente, tuviera “todas las medicinas del mundo” (¿?). Con esta propuesta buscaba terminar, finalmente, el desabasto de medicamentos en el país, provocado por los cambios en las políticas de compra puestas en marcha al inicio de su administración. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que si en un centro hospitalario llegara a faltar una medicina, se podrá hablar a dicha súper farmacia para conseguirla y que además logre llegar en un solo día. Y aseguró que el almacén de medicamentos tendría un manejo meticuloso del inventario y se distribuirán vía aérea o terrestre. “En diciembre vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México, estamos en eso, aparte del abasto que no falte, por si llegara a faltar una medicina, una, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos que hay en el mundo”, dijo. Reiterado en el mensaje con motivo de su 5to Informe de Gobierno, también anunció que ya se van a adquirir los terrenos necesarios y que la mega farmacia estará en lista antes de concluir el presente año. “No va a faltar uno”, añadió. “Ya estamos por adquirir en el Estado de México, un gran almacén que se está preparando con ese propósito”. El presidente, informó que para diciembre se tendrá la mega farmacia en la Ciudad de México donde se tendrán todos los medicamentos “que hay en el mundo”. De entrada la declaración no es prometedora, sino que cae en lo absurdo, digo, ¿no consultó las declaraciones con sus asesores? ¿Los hizo a un lado como con los del aeropuerto? ¿Tenía idea de lo que está diciendo/haciendo? De acuerdo con la investigación "Radiografía del desabasto. Informe de Transparencia en Salud 2017-2021", publicado por Cero Desabasto, se encontró que el número de consultas y recetas surtidas cayó entre 2017 y 2021 al pasar de 109 millones 230 mil 65 consultas a 45 millones 308 mil 63, mientras que las recetas no surtidas efectivamente pasaron de un millón 777 mil 452, a 22 millones 183 mil 671. Hasta hoy se tiene registro de que se dejaron de surtir 45 millones de recetas en lo que va del actual sexenio. El colectivo Cero Desabasto ha dado seguimiento a las quejas por desabasto de medicamentos en lo que va del sexenio y de acuerdo con el informe, que se dio a conocer a finales del pasado mayo, se destacó que hay mil 732 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 2022 es el año con más inconformidades por falta de medicamentos desde 2017. El informe enlista a las instituciones que han incurrido en el desabasto y se tiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en primer lugar de quejas recibidas, seguido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sistema penitenciario. Las entidades que más presentan desabasto son en primer lugar la Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Durango y Sonora. Pero en el informe nos dijeron que teníamos el 90% de abasto en farmacias, ¿entonces quién miente? El desabasto de medicamentos es un tema multifactorial, algunas de las farmacéuticas que anteriormente obtenían las licitaciones de medicamentos sí contaban con la logística adecuada para la distribución, este costo ya estaba incluido en la licitación y así se podía garantizar la repartición. Además, el presidente no está tomando en cuenta que las medicinas tienen una fecha de caducidad y algunos requieren un manejo especial para su almacenamiento y distribución, tal es el caso de los que requieren cadena de frío para mantenerlos.

 

Este país tiene 1,964,375 km2, y difícilmente podrían abastecer a todo el país desde un solo punto en 24 horas, vaya, ni FedEx ni UPS lo logran. Otro factor es que el almacenamiento de medicamentos a largo plazo podría llevar a la caducidad de muchos productos, lo que resultaría en un desperdicio financiero. Los medicamentos no se guardan como si fueran latas de atún en una en una miscelánea, los medicamentos se fabrican bajo pedido y se envían en lotes específicos de dimensiones específicas para un requerimiento porque si no corren el riesgo de echarse a perder por malos manejos o por una mala fecha de caducidad. Es un tema complejo que creo va para largo, pero ¿y mientras?

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora