La magnitud del impacto
causado por Covid-19 en la salud y la economía del país hace indispensable la
implementación de políticas públicas que distribuyan en forma justa el costo y
los daños. La nueva legislatura en Sonora tiene una oportunidad de oro dada las
condiciones de las últimas legislaturas tan grises que hemos padecido y el
pobre nivel que han manejado los legisladores en turno ¿Qué esperar de los
diputados?
Y es que hay mucho por
hacer en el estado y que lo primero que tienen que hacer es identificar un
problema, ¿se le ocurre alguno? tenemos de donde elegir. Sin embargo algo que
nos aqueja es el regreso aún a las labores cotidianas dada la gravedad de la
pandemia que sigue cobrando vidas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Esta pobremente
definido a nivel escolar, laboral y empresarial. El reto de proponer los
criterios para seleccionar a las personas trabajadoras que no deben
reincorporarse a sus labores en el sitio de trabajo habitual debido a su riesgo
extremo de tener una forma grave de Covid. Se debe manear el umbral de riesgo
determinado debe permitir que la fuerza laboral seleccionada sea suficiente
para la reactivación económica, sin incrementar los casos graves de Covid-19. Durante
la pandemia de Covid-19 ha sido necesario anteponer los intereses de la
comunidad a los intereses individuales; sin dejar de lado el bien público del
respeto a la autonomía individual, se requiere identificar cuándo debe
inclinarse la balanza hacia los intereses colectivos, en este caso en lo
relacionado con la salud pública. Este panorama puede parecer complicado en una
sociedad poco acostumbrada a asumir su responsabilidad colectiva y a aceptar
los límites de la propia autonomía. Las condiciones de aislamiento de los
trabajadores formales que llevaron a detener la economía aún subsisten (los
informales no tuvieron la oportunidad de confinarse). Por tal motivo, es
necesario contar con criterios que minimicen los riesgos en el retorno al
trabajo. Establecer criterios para identificar las condiciones de
vulnerabilidad para desarrollar Covid grave; esto permite actuar de manera más
responsable, más allá de sólo mantener en aislamiento a los trabajadores con
alguna de estas condiciones. Estos criterios podrían aplicarse a todos los trabajadores,
aunque hay consideraciones especiales para aquéllos del área de la salud que
enfrentan riesgos adicionales de contagio y que tienen la imposibilidad de
trabajar a distancia (así como sucede con otro tipo de trabajadores, por
ejemplo, un administrativo). El aspecto bioético central de la propuesta es
encontrar el balance entre la protección del trabajador vulnerable y su
oportunidad de continuar generando el sustento familiar. Se reconoce el riesgo
de adoptar una política discriminatoria en la que tener una condición de riesgo
equivaldría a tener una incapacidad para trabajar pero ¡ojo! No es lo mismo. Es
muy pertinente esta reflexión, pero la propuesta se justifica porque hay
elementos para sustentarla. En situaciones extraordinarias como la que estamos
viviendo, se implementan medidas que no serían contempladas en situaciones de
normalidad. Sin embargo, hay que considerar varias preguntas: ¿estamos hablando
de permitir el retorno porque los trabajadores necesitan el trabajo para
subsistir?, ¿porque desean retomar sus actividades y su vida anterior?, ¿o
porque las empresas los necesitan? Un trabajador que no corre tanto riesgo
¿está obligado a regresar, aunque se sienta temeroso y le preocupe contagiar a
sus familiares más vulnerables? Si se establece que un trabajador no puede
regresar debido a sus condiciones de alto riesgo ¿está obligado a no hacerlo?
Al considerar estas preguntas, un elemento determinante es si los trabajadores
de alto riesgo que no deben regresar tendrán el respaldo económico para
subsistir dignamente, ellos y sus familias. Si no, estaríamos ante un problema
ético y es preocupante que vivamos en un país que no pueda ofrecer estas
condiciones.
Lo ideal es que las
decisiones sobre el retorno sean consensuadas entre el empleador y el
trabajador, con transparencia y claridad en la comunicación, pero ¿y si no hay
acuerdo? Un trabajador con alto riesgo no debería regresar a laborar aunque así
lo deseara, pues se busca evitar que enferme gravemente con consecuencias que
van más allá de lo individual. Por otra parte, un trabajador que no regresa
debería seguir recomendaciones precisas y ser evaluado en un plazo razonable
para saber si disminuyó su riesgo. Es necesario reflexionar sobre los problemas
de justicia social que ya existían y que se ven agravados en esta pandemia: la
desigualdad económica y la presencia de un alto índice de enfermedades
prevenibles en gran parte de la población. Ojalá continué la reflexión y la
discusión sobre temas de salud pública y justicia, pues además de llevarnos a una
sociedad más justa, éstas nos permiten estar mejor preparados para prevenir, en
el mejor de los casos, y resolver situaciones similares a las que ahora
enfrentamos.
Dr. César Álvarez Pacheco
cesar_ap@hotmail.com
@cesar_alvarezp
Huatabampo, Sonora.
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