La judicialización de los Servicios de Salud.

 

La importancia de estudiar este tema proviene de los impactos positivos y negativos que la judicialización conlleva. Por un lado, se le ha considerado como un medio para proteger el derecho a la salud de omisiones en las políticas públicas o como un canal legítimo de participación social. Por otro, se le ha visto como una interferencia ilegítima del Poder Judicial  en las políticas públicas del Sector Salud  que incrementa las inequidades. ¿O no? Veamos.

El fenómeno de la judicialización requiere ser entendido como un proceso que involucra a distintos actores, públicos y privados, que adoptan diferentes roles en la etapa específica del litigio en que participan, al mismo tiempo que determinan su efecto. Establecer las características que el fenómeno acarrea y sus posibles consecuencias implica conocer y comprender las posiciones que los involucrados tienen sobre las razones que motivan a generar una demanda, apoyar cierta pretensión, juzgar y querer modificar (o no) el sistema de salud vía judicial. Y es que para idear todo esto es prioritario en primera instancia identificar el problema para posteriormente ver si requiere de una intervención como una política pública que venga a dar respuesta a un colectivo. ¿Lo sabrán nuestros futuros diputados federales? ¿Locales? Pienso lo mismo que usted estimado lector. Las decisiones judiciales entrañan consecuencias relevantes para la sociedad. En Latinoamérica, Colombia ha sido el país con el mayor número de casos judicializados. Su Corte Constitucional ha sido progresiva y modificó la configuración propia del sistema de salud. En Brasil las decisiones progresistas han suscitado una discusión sobre el potencial efecto negativo que la judicialización puede tener en la equidad. A diferencia de lo sucedido en estos países, la judicialización en México ha sido escasa y poco estudiada debido a problemas relacionados con el acceso a la justicia, los costos y la duración del juicio de amparo. A pesar de lo anterior, a partir de las reformas constitucionales de junio de 2011 y la promulgación de una nueva Ley de Amparo, se ha observado un incremento en los casos que el Poder Judicial ha recibido. A raíz de dicho aumento, se identifican las diversas posiciones que los actores involucrados han adoptado con base en sus percepciones, experiencias y puntos de vista, y no en el análisis de las resoluciones judiciales. Los actores de los Servicios de Salud,  consideran que las causales por las cuales se le demanda dependen de varios factores: la institución, la ubicación geográfica, la situación o la percepción de las carencias (que actualmente existen muchas). En cambio, los diferentes sectores, como ONG, identifican que las personas demandan por tres razones esenciales. La primera consiste en que no pueden acceder a la atención médica necesaria; la segunda reside en que la atención es de muy baja calidad, y la tercera se debe a que la institución carece de los insumos necesarios para tratar a los pacientes. A su vez, el sector académico añade la ausencia de criterios claros en el proceso de priorización del Servicio de Salud, la imposibilidad de que rinda cuentas adecuadas a la población y la constante vulneración del derecho a la información de los pacientes. El propio Servicio de Salud identificó algunas razones que se esgrimen al demandar: violaciones al derecho a la información de los pacientes, inadecuados consejos de abogados oportunistas y lo que se considera “la percepción errónea de los pacientes de no recibir atención médica”, cuando en realidad sí la reciben.

El Poder Legislativo añade que la principal causa fue la negligencia médica, en tanto que la Industria Farmacéutica subraya la fragmentación del sistema y las dificultades para que los pacientes accedan a las mejores alternativas terapéuticas. Los informantes identifican que las demandas en contra del Servicio de Salud se fundamentan en hechos derivados de violaciones al derecho a la protección de la salud que fueron resultado de la calidad y de la atención médica, así como de la inadecuada provisión de insumos y medicamentos para los pacientes. Todos los sectores coinciden en que la judicialización es una realidad en México; sin embargo, las opiniones se dividen en cuanto a sus ventajas y desventajas. Lo real es que el hecho de no mejorar el Servicio de Salud, la población inconforme y cada vez más consciente de sus derechos encuentre en el Poder Judicial una solución a sus problemas.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora.