Como programa social
del primer gobierno de cambio, el Seguro Popular fue aprobado en septiembre de
2004 para formar parte de la Ley General de Salud. Desde el principio fue claro
que lejos de cumplir la agenda integral que se aguardaba de la primera
administración post-priísta en 71 años, la iniciativa foxista pretendía montar
una estrategia emergente de “financiamiento” sobre un sector salud que sobrevivía
desde hacia lustros clamando por un ajuste urgente y profundo. Y así ha venido
a cambiar de sobre manera, la salud de nuestro país.
Inscrito en un arco de
“reformas” que para entonces ya cubría 22 años: de 1982 a 2004, y como ya había
acontecido previamente con la descentralización de los ochentas de Guillermo
Soberón y luego con la reforma Zedillo al IMSS, el Seguro Popular de Frenk se
perfiló inmediatamente como el último eslabón de parches impuestos sobre la
realidad sectorial. Un parche más que, como los que lo antecedieron, mostraba
las desmesuradas prisas de Fox y Frenk para labrarle una marca propia a un
tramo más de ese arco de reformas. La Secretaría de Salud a nivel federal,
“compra” servicios a cada uno de los estados, los cuales reciben pagos por
captación. Por su parte, los sistemas estatales de salud (SESAS) transfieren
estos recursos a sus unidades por servicio prestado o por presupuesto. Esta
situación complica un poco la administración, ya que resultó que se había
creado una administración paralela, al nivel de las jefaturas estatales para
inscripción, seguimiento y administración del Seguro Popular. Todo lo anterior fue
en función de la disponibilidad presupuestal de la Federación, por supuesto.
Casi al concluir el sexenio calderonista, las “alianzas” preventivas fueron
materializadas y completadas en los siguientes términos por el secretario
Chertorivski: “El Sistema de Salud tiene que virar de manera enérgica de lo
curativo a lo preventivo. El principal problema que debemos combatir es el de
las enfermedades crónicas no transmisibles, causantes de dos tercios de las
muertes, a pesar de que 80 por ciento era evitable. Ante este panorama es
fundamental reforzar la prevención, porque la mayoría de los padecimientos se
pueden reducir o evitar con sólo modificar hábitos de vida.” En ese sentido se
mostraba la escencia de lo que era el Seguro Popular, es decir, salía mas
barato prevenir, que curar.
El presidente López
Obrador señaló, durante su campaña que cumpliria el compromiso que hizo, de que
la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos, brindándoles a los
mexicanos sin posibilidad de atenderse, el derecho a la salud. También señaló en
varias ocasiones que el Seguro Popular ya no se llamaría así, “ya que ni es
seguro ni es popular”. Sin embargo este programa, no podría desaparecer de la
noche a la mañana ya que son 54 millones de mexicanos que reciben atención con
respecto a las mil 807 enfermedades registradas en el cuadro básico, más las 65
consideradas como catastróficas. En su discurso ya como presidente, menciona
que busca la federalización de los sistemas locales de salud. Hasta hoy el plan
es crear un nuevo Sistema de Salud Pública, donde integra a los estados del
sureste del país: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo. Proyecta que cada seis meses se incorporen ocho
estados, hasta terminar en dos años de establecer el nuevo Sistema de Salud
Pública. Angélica Ivonne Cisneros Luján, comisionada del Sistema Nacional de
Protección Social en Salud (Seguro Popular), quien, en sus primeras apariciones
públicas, aseguraba la muerte de este esquema de financiamiento, esperaba la
derogación del 77 BIS para principios de Febrero, sin embargo no sucedió y hoy ya
habla mencionando otras medidas respecto a tema de Seguro Popular. Porque la
corrupción no se acaba aniquilando programas, sino sancionando a los
responsables; la salud siempre será un tema sensible. El día 28 de febrero
durante una entrevista con Joaquín Lopez Dóriga, Jorge Alcocer, secretario de
Salud, mencionó: “El Seguro Popular requiere una reestructuración y no su
desaparición”. A veces es mejor corregir una medida, pensada quizá con la mejor
de las intenciones, pero que, en la práctica, podría haber tenido consecuencias
para diversos grupos vulnerables. Finalmente no desaparece ya que al parecer, sí
es seguro y sí es popular.
Dr. César Álvarez Pacheco
@cesar_alvarezp
Huatabampo, Sonora.
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