Cambiar para seguir igual.

 

Hablar de sistemas de salud, es más complejo de lo que parece, no se tiene una receta exacta de cómo debe de funcionar o como debe de ser un buen sistema de salud, pero si tenemos mucha información para lograr una adecuada evaluación de manera cualitativa logrando mejoras en cada oportunidad. En medicina tenemos un dicho que dice: Si lo quieres evaluar, mídelo.

 

Entre 1990 y 2015, el acceso a los servicios de salud y la calidad del sistema de salud en México experimentó una mejora sostenida. Además, durante ese periodo las diferencias en los indicadores de marginalización entre cada entidad federativa disminuyeron en esos dos rubros. Sin embargo, hacia el 2019, tal tendencia ascendente se estancó y la inequidad regresó a un nivel comparable al que tenía en el año 2000. Curiosamente se adoptó un sistema de salud que se tenía precisamente en los 2000. Aunado a esto, la eficiencia en la provisión de servicios de salud, medida principalmente a través del indicador Health Access Quality Index (HAQI), mostró tanto una gran heterogeneidad como importantes fluctuaciones a través del tiempo, pues mientras estados como Nuevo León mostraron un buen desempeño de manera constante, otros como Guerrero, Chihuahua, Puebla y la Ciudad de México no lograron dicha meta. Así lo señalan los resultados de un estudio ecológico retrospectivo (Estudios según la medicina basada en evidencia, con sustento científico) enfocado en evaluar el desempeño del sistema de salud nacional entre 1990 a 2019, diseñado por la UNAM y el Institute for Health Metrics and Evaluation, de la University of Washington. El progreso observado, de acuerdo con el análisis, se debe a los indicadores observados entre 1990 y 2000, que contrasta con el declive registrado de 2015 a 2019. Al comparar a México con otros países latinoamericanos con indicadores sociodemográficos similares, dicha mejora fue parecida a la que experimentaron Brasil y Ecuador, pero peor que en los casos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. El equipo utilizó el Índice de Marginalización para medir el desempeño en cada entidad del país por medio de tres grupos de población: jóvenes de 0 a 14 años; trabajadores de 15 a 64 años; jubilados de 65 a 74 años. Con ello, el grupo de investigación buscó no solamente hacer una valoración integral, sino también contribuir al debate para definir el futuro del sistema de salud del país. Se enfocó en mostrar perspectivas para comprender mejor las dificultades de atender las necesidades de salud de distintos grupos de población en diferentes estados del país, para informar la toma de decisiones y contribuir al diálogo en curso acerca del futuro del sistema de salud en México. Uno de los hallazgos relevantes del trabajo es que, si bien la tendencia positiva en el desempeño se mantuvo en términos generales en todos los grupos de edad, también se observó una disminución en la mejora para la población en edad productiva entre 2010 y 2019, lo que indica "un periodo de progreso relativamente lento en el acceso y la calidad de la salud para este grupo demográfico". El sistema de Salud mexicano es muy heterogéneo, con grandes diferencias entre los estados y también entre las instituciones proveedoras de servicios, situación que se manifiesta en función de la entidad donde se localizan, por eso la evolución de las condiciones de salud han sido tan desiguales. El estudio consideró necesario superar la segmentación del sistema de salud, al igual que la carencia "crónica" de financiamiento adecuado para este, que constituyen los dos grandes obstáculos que han impedido alcanzar la cobertura universal de salud y brindar a la ciudadanía mexicana un acceso y cobertura, sin distinciones, a los mismos servicios y en las mismas clínicas y hospitales.

 

México invierte en este rubro poco menos de 6 % del producto interno bruto, cuando el promedio de Latinoamérica es de 7,5 %. Los países de ingresos medios-altos de la región, que son nuestros pares, gastan todavía más. Argentina, Chile y Colombia invierten 10 %, 9 % y 8 % de la riqueza que generan cada año en salud, respectivamente. Por ello, es claro que el país no podrá alcanzar (hacia el 2030, como plantea la ONU) los objetivos de desarrollo sostenible, en el caso de la población adulta, pues aún persisten problemas con el desempeño del sistema de Salud en los índices de mortalidad materna, así como por enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo vendrá el PEF 2025? Será clave en anticipar si seguimos igual o se avanza un poco.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

 

La crisis del Dengue

 

Las actuales epidemias y brotes epidémicos de Dengue en los territorios de Latinoamérica y el Caribe, demuestran nuevamente una crisis epidemiológica agravada donde en su superficie se visualiza un acumulado inédito de defunciones entre el año 2023 y 2024. México padece actualmente de una crisis epidemiológica en donde algunos estados piensan ya en la reconversión, como sucedió con el COVID19.

 

En las últimas cinco décadas a nivel mundial, la incidencia y transmisión del dengue se ha multiplicado por 30 en países donde no era endémico. Sorprendentemente, este patrón se ha observado como un cambio de las zonas urbanas incluso a las semi rurales en la última década. El caso del mosquito Aedes aegypti siendo el “vector principal” está ampliamente distribuido en la región por las condiciones de clima y temperaturas, pero sobre todo por las condiciones de vida de millones de personas en urbanizaciones inequitativas, generadoras masivas de desechos y carentes de acceso a agua segura en amplios grupos poblacionales (con acopio de agua para consumo en recipientes informales) generando así reservorios perfectos para reproducción vectorial en contextos precarios de la vida. El vector (el mosquito Aedes Aegypti) con tasas por domicilio ascendente en temporadas de lluvias y temperaturas adecuadas marcan que los índices de infestación aédica disponibles (Índice de Recipiente, Índice de Vivienda e Índice de Breteau) en la última década alcanzaron valores superiores a los considerados de alto riesgo para la transmisión epidémica. En este contexto, la situación de los actuales patrones epidemiológicos del Dengue en Latinoamérica no sólo tiene importancia como emergencia de salud pública regional actual, sino que por la dimensión poblacional es de suma importancia político-sanitaria y científica para nuestra región. Actualmente los hospitales de la mayor parte del país se encuentran con pacientes que atienden un gran número de casos con dengue, el sistema de salud pública registra diariamente un aumento alarmante de casos, incluso los consultorios adyacentes a las farmacias. Los consultorios anexos a farmacia, que han sido documentados incluso por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, atienden actualmente al mismo número de personas que atiende de manera regular el sistema público, pero en épocas de crisis epidemiológica las personas no acuden a este tipo de consultorios porque ahí lamentablemente se ven muy limitados para dar el servicio que necesitan. En el último año se reportó un aumento significativo en los casos registrados a nivel nacional, principalmente en cinco estados del sur, este y oeste del país, según datos publicados por la Secretaría de Salud federal. En el reporte Panorama Epidemiológico de Dengue, la dependencia informó que este año se detectó un aumento del 534% en los casos confirmados. Los estados más afectados con: Guerrero: con 3 mil 898 casos registrados en 2024. Otros estados afectados son: Tabasco: con 2 mil 797 casos, Michoacán: con mil 656 casos, Veracruz: con mil 863 casos, Chiapas: con mil 529 casos. Las lluvias de este verano que pasó, sin duda fue un factor importante  para la proliferación del mosquito transmisor, estados que añoraban agua tales como Nuevo León, ahora tiene excedentes y lluvias atípicas que están causando ya estragos en la urbanidad y que decir en los problemas de salud pública. Otros estados como Sonora, que seguimos añorando agua, no tuvimos la suerte de que nos lloviera, incluso huracanes nos sacaron la vuelta; ¿cambio climático? Vaya usted a saber pero lo cierto es que estamos a la inversa con estados que les llovió mucho, y aún así también tenemos brote de Dengue, que aunque no están aún saturados los hospitales, se está a la expectativa en la vigilancia epidemiológica para la detección oportuna de casos y su tratamiento.

 

En contextos epidémicos, se activan la urgencia material de fortalecimiento de los servicios de cuidado en salud (a nivel clínico), stocks estratégicos de insumos y medicación esencial como incremento de equipos y especialistas clínicos sanitarios para robustecer respuestas de los sistemas locales de salud pública en respuesta crítica a casos graves clínicos, accionar clave en momentos de crisis epidémicas de Dengue buscando mitigar la mortalidad agravada. Los sistemas sanitarios públicos en la región actualmente reproducen un acumulado de reformas y de nuevas reformas que precarizaron y fragilizaron la capacidad de respuesta pública de los sistemas locales y servicios de salud, crearon mercados desregulados de coberturas financieras de salud (coberturas “seguros” por grupo poblacional), demostrando en consecuencia que ante cualquier sobredemanda poblacional el sistema entra en crisis, con deshumanización en el cuidado e incluso colapso. Pero ese, estimado lector; es otro tema.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

Las complicaciones en los pacientes indígenas.

 

En México tenemos una gran diversidad de pueblos indígenas, el censo de población y vivienda registró  en el 2020, 7 364 645 personas de tres y más años de edad que hablan una lengua indígena. En las zonas rurales de México, las personas indígenas de escasos recursos que viven con diabetes y que no cuentan con seguridad social enfrentan diversos obstáculos que retrasan la atención adecuada de esta enfermedad crónica y sus complicaciones, es decir, son más vulnerables respecto a otros grupos de población.

 

La información sobre diabetes mellitus 2 en población indígena en México es poca. En enero de 2022 la Secretaría de Salud de México reportó 1 665 443 pacientes con diagnóstico de alguna enfermedad crónica, 71.3% del sexo femenino y 28.7% del masculino; con hipertensión arterial 66%, diabetes 61%, obesidad 37% y dislipidemia 29.5%. Aunado a esto, existen barreras estructurales inherentes a la administración de los sistemas de salud que invisibilizan a las personas indígenas afectadas por la diabetes y al dolor que experimentan, ya que ni los registros epidemiológicos ni los reportes sanitarios oficiales ofrecen información detallada sobre su estado de salud. Cuando existen datos sobre la etnicidad de estos pacientes, con frecuencia se basan en el indicador "hablante de una lengua indígena", cuando el referente más apropiado para definirla es la autoadscripción, de acuerdo con la normatividad internacional. Estudios recientes destacan que, pese al aumento de la incidencia de complicaciones propias de la diabetes, son un problema que constituye una de las principales causas de muerte prematura y de amputación de extremidades por factores no traumáticos, aún se conoce poco sobre su impacto en grupos de población indígenas. A partir de la idea de equidad y no discriminación, tendencia que ha comenzado a cambiar especialmente durante la última década, se sabe que la diabetes y sus complicaciones, sobre todo en la población indígena, tiene un efecto inmediato y devastador en la movilidad y la autonomía ya que causan discapacidades que no solo limitan la capacidad de trabajar y desplazarse, sino que también conllevan un enorme sufrimiento emocional y psicológico para las y los pacientes y sus familias, especialmente en contextos rurales donde las redes de apoyo son limitadas y los recursos económicos son escasos. La dificultad para acceder a consultas de seguimiento y la ausencia de programas de educación en salud enfocados en la prevención agravan las tasas de complicaciones, que podría evitarse con medidas preventivas y atención oportuna. Hasta la fecha no existen datos suficientes que permitan afirmar de manera conclusiva si hay una alta o baja prevalencia de diabetes en la población indígena, en comparación con el resto del país. No obstante, se sabe que sí hay evidencia abundante de que tienen indicadores de salud más bajos, así como un peor acceso a los servicios de atención médica salud, sobre todo cuando la etnicidad se intersecta con bajos niveles de educación e ingresos, estatus migratorio, no afiliación a instituciones de salud, así como residencia en zonas rurales. Factores que sin duda, comprometen no solo la salud de los pacientes sino su calidad de vida en general. Se dice que aun cuando el principio de igualdad es fundamental en el sistema de salud, el hecho de evitar la desagregación de datos por etnicidad puede invisibilizar necesidades específicas de las comunidades indígenas, como en el caso de las complicaciones de enfermedades crónicas como la diabetes.

 

La falta de una adecuada recolección de datos no solo afecta la planificación de los servicios de salud, sino que también perpetúa la invisibilización histórica de las comunidades indígenas y otros grupos marginados. A esto se suman, barreras culturales como la desconfianza en el sistema de salud por malas experiencias previas, falta de información adecuada sobre el autocuidado de enfermedades crónicas, así como escasez de intérpretes o personal de salud que hablen alguna lengua indígena, lo que complica aún más la situación. El propósito de los servicios de salud IMSS-Bienestar pueden desempeñar también un papel clave en la recolección de datos específicos de las comunidades atendidas, lo cual permitirá un diseño más eficiente de políticas de salud que respondan a las necesidades particulares de las poblaciones indígenas, ayudando a prevenir las complicaciones ya que con ese nuevo esquema de operación en las clínicas rurales, las y los profesionales de la salud se enfocan en la prevención y el autocuidado, promoviendo la detección temprana de complicaciones. O al menos eso esperamos que suceda.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

 

El saldo

 

Iniciamos con un nuevo sexenio, y el que se fue con sus aciertos y desaciertos deja una oleada y no precisamente de Bienestar, sino de otras desagradables causas. La implementación de un nuevo modelo de atención a la salud, aún no ha rendido frutos y no parece tener para cuando tampoco. Mientras el sexenio cierra con 200 mil muertes, un promedio de 94 por día, la cifra más alta en la historia reciente.

 

Aunque las tasas de mortalidad por armas de fuego en México, uno de los 6 países del mundo con los más altos índices en este rubro, han mostrado un ligero descenso entre 2018 y 2022, este problema constituye un enorme reto de salud pública que requiere aplicar múltiples estrategias de solución debido a su impacto negativo en todos los sectores de la población, sobre todo para jóvenes varones entre los 20 y 39 años, que son las principales víctimas de homicidio. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por un equipo de expertos del Instituto para la Prevención de Lesiones por Armas de Fuego de la University of Michigan, el Departamento de Medicina de Emergencia del Medical College of Wisconsin y el Departamento de Psiquiatría de la University of Colorado School of Medicine. El grupo de investigación examinó mediante herramientas de estadística descriptiva los datos de 188,397 decesos relacionados con armas de fuego, de los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), con el objetivo de medir los cambios porcentuales en las tendencias de 2015 a 2022, utilizando categorías como sexo, grupo de población, localidad del incidente y estado de ocurrencia. Tras analizar las tendencias epidemiológicas, el equipo autoral encontró que la mortalidad por armas de fuego creció 88,2 % entre 2015 y 2018, aunque experimentó un ligero descenso (de 16,7 %) entre este último año y 2022. Durante todo el periodo analizado, los homicidios representaron 92,2 % de las muertes por esta causa y mostraron el mayor porcentaje de incremento (62,7 %) desde 2015, cuando se registraban 10,37 por cada 100.000 habitantes hasta llegar a 16,87 por cada 100.000 habitantes del país en 2022. El equipo de científicos, explicó que, en contraste con lo que ocurre en Estados Unidos, donde los suicidios representaron 56,1 % de las muertes por armas de fuego en 2022, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en ese país, los homicidios constituyen el mayor reto para la reducción de la mortalidad por dicha causa en México. Otros datos relevantes de la investigación son que la mayor parte de las muertes por armas de fuego ocurrieron en 5 estados: Colima, Baja California, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato. Los fallecimientos por esta misma causa se registraron sobre todo en zonas urbanas, donde tuvieron un aumento de 76,8 % a 86,8 % durante el periodo analizado. Al revisar las muertes por localidad, 67,3 % ocurrió en las calles u otros espacios públicos, mientras que el porcentaje de incidentes (suicidios, homicidios dolosos y no intencionales) dentro de los hogares aumentó de 14 % a 17,7 % durante el mismo periodo 2015-2022. En su estudio actual, destacan que los conflictos entre grupos del crimen organizado, junto con el tráfico de armas desde Estados Unidos a México y a otros países latinoamericanos, tienen un importante papel como detonantes de la violencia en la región. A partir de 2004, en Estados Unidos se permitió la producción y venta de armas de asalto, como los rifles AR-15, y esto está ligado al aumento de la violencia no solo en México, sino en toda la región de centro américa.

 

El estudio agrega que además de considerar estos efectos directos y visibles de la violencia homicida, también es necesario tomar en cuenta su impacto indirecto entre la población, que no ha recibido atención suficiente. Al respecto, lista los trastornos de salud mental como el estrés, la sensación de aislamiento y la depresión entre las personas que experimentan la violencia extrema asociada con el uso de estas armas. Se sabe que el aumento en los niveles de depresión entre las personas expuestas a la violencia con armas puede conducir a un aumento en los comportamientos suicidas, al consumo abusivo de alcohol u otras sustancias, así como a problemas de desintegración familiar, pues la mayor parte de los homicidios afectan a jóvenes, muchos de los cuales ya son padres de familia que dejan a la deriva a miles de huérfanos.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora