El tráfico ilegal de opioides, en
particular de fentanilo, se ha convertido en uno de los temas prioritarios de
la agenda bilateral entre Estados Unidos y México. Esta priorización fue lo que
llevó al ejecutivo de nuestro país, a pronunciarse en favor de una prohibición
absoluta del uso de fentanilo en marzo de 2023.
El fentanilo es un opioide que se sintetiza en laboratorio y
que es, cien veces más potente que la
morfina. Los efectos deseados pasan por relajación, alivio del dolor y sensación de bienestar, pero
dependiendo de la dosis también pueden producir sedación, somnolencia, confusión o incluso náuseas y vómitos. Más
o menos los mismos efectos que producen otros analgésicos opioides. Esto hace
que sea un fármaco ideal para
controlar el dolor intenso que sufren pacientes en áreas como quirófano, oncología o cuidados
intensivos. De hecho, en el año 2017 el fentanilo se convirtió en el
opioide sintético más utilizado en medicina. Su potencia lo ha hecho muy
popular, y no es raro que quienes lo fabrican en laboratorios clandestinos lo
mezclen con otras sustancias como heroína o cocaína para potenciar sus efectos.
Los efectos de la declaración presidencial en el ámbito médico, en particular
de la anestesiología, son por todos conocidos: desabasto, incertidumbre e
incluso que muchas y muchos anestesiólogos asumieran ciertos riesgos por temor
a no contar con los insumos necesarios para desarrollar libremente su
especialidad. La crisis del abuso de los opioides en Estados Unidos tiene un
origen complejo como algunos periodistas han documentado a lo largo de los
últimos años. No obstante, si bien diversos actores del campo de la salud son
responsables, en poco se vincula con el uso del fentanilo dentro de una sala de
operaciones como se sugirió en una mañanera. Sin embargo, se generó una amplia
cobertura mediática que dio por cierta la prohibición del fentanilo de uso
médico aun cuando ésta no se materializó jurídicamente. Ello hace necesario
dilucidar si a partir del pronunciamiento presidencial se generaron
consecuencias de derecho. Hasta el momento sólo se pueden identificar dos. La
primera es la creación de una Comisión Presidencial, integrada principalmente
por las Fuerzas Armadas y órganos de seguridad pública, la cual se encargaría
de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas
sintéticas, y armas de fuego y sus municiones. El Decreto se concentra en
exponer los riesgos que conlleva el fentanilo no médico y en la integración de
este nuevo órgano se deja a un lado a órganos de salud que debieran de
participar en dicho órgano, como el Consejo de Salubridad General o la Comisión
Nacional de Salud Mental y Adicciones. La segunda, un conjunto de reformas y
adiciones a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos
Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
Entre los cambios destacables se encuentran nuevas facultades de vigilancia en
favor de la Secretaría de Salud y la Cofepris; el endurecimiento de las
obligaciones a cargo de quienes de manera lícita emplean dichas sustancias, así
como modificaciones a los delitos y las penas. No obstante, estas
modificaciones se enfocaron en el combate de drogas ilícitas y utilizadas con
fines no médicos. Las consecuencias jurídicas de las declaraciones
presidenciales se han circunscrito al fentanilo ilegal y no al uso del
fentanilo médico.
Un estudio publicado en la revista
médica Harm Reduction Journal menciona resultados aterradores;
la investigación se realizó en 2022 en un festival de música electrónica al
aire libre en la CDMX. Un equipo analizó 51 muestras de drogas de 40
consumidores, que se ofrecieron voluntariamente. La mayoría hombres de entre 22
y 48 años. Ninguno de los usuarios esperaba encontrar fentanilo en las
sustancias, pero el opioide apareció en 14 de 22 muestras de MDMA (éxtasis) y
en dos de cuatro dosis de cocaína. Los resultados mostraron que la adulteración
de fentanilo ya no es un fenómeno confinado a la frontera norte de
México entre personas vulnerables, sino que ha llegado a los jóvenes que usan
psicoestimulantes, concluye el artículo. Con el fentanilo, las probabilidades
de una sobredosis son elevadísimas por la potencia del producto. Tan solo dos
miligramos del opioide pueden suponer una dosis letal. En 2017, en el
estudio Cuqueando la chiva, realizado con más de 600 consumidores
de heroína en Baja California, Sonora y Chihuahua solo seis de ellos habían
tomado fentanilo, el resto ni siquiera lo conocía. A día de hoy, en la
frontera, el número de usuarios ha crecido exponencialmente, muchos de ellos
con adicciones previas a otras sustancias como la heroína. El Gobierno actual
decidió cancelar la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat), que se realizaba
cada cinco años aproximadamente desde 1998, por su alto costo. La última
disponible es de 2016, cuando las huellas de opioide eran mínimas. ¿Qué
seguirá? ¿Cancelar las cirugías? No sorprendería.
Dr.
César Álvarez Pacheco
cesar_ap@hotmail.com
@cesar_alvarezp
Huatabampo,
Sonora
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