El subejercicio en Salud.

 

El gasto público en salud en México ha experimentado una caída histórica durante este sexenio, según informes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta disminución se produce en medio de una debilidad en los ingresos públicos y subejercicios reportados en la Secretaría de Salud. Este gasto está muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que esta situación plantea un desafío significativo para el sistema y la atención médica.

 

El reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló un subejercicio en el gasto programable que alcanzó los 128 mil 551 millones de pesos en todas las dependencias gubernamentales para el tercer trimestre de 2023. Específicamente en el ramo 12 de salud hubo un subejercicio de 39 mil 477 millones de pesos. Pero; ¿Qué es el subejercicio? El subejercicio se da cuando alguna entidad pública no ha gastado lo que tenía autorizado gastar en un ejercicio fiscal y puede interpretarse de dos maneras: como un ahorro o como una falta de capacidad institucional para ejecutar el presupuesto. ¿Cuál cree usted que sea? Ahorro en salud parece que no es lo fuerte en este gobierno. El presidente ha sido enfático en decir que para salud se tiene “todo el dinero que se necesite”, mientras que funcionarios comentan que: “El no gastar, no es un ahorro”. Por lo que la interpretación de falta de capacidad institucional para ejecutar el presupuesto gana terreno en el discurso político. Sin embargo un subejercicio no necesariamente indica siempre una falta real de gasto. Esto puede deberse a varias razones: Ejecución ineficiente del gasto: Esto puede obedecer a una planificación deficiente, problemas administrativos, o bien, falta de personal calificado para implementar los proyectos o programas. La otra son retrasos en procesos de licitación o contratación: Procesos burocráticos y/o legales prolongados en la planeación, ejecución y cobranza pueden demorar la ejecución del gasto. Otro más son los problemas en la cadena de suministro: Factores externos como la escasez de materiales o crisis económicas pueden retrasar proyectos y, por lo tanto, la ejecución del gasto. Y la sobrestimación de las necesidades de gasto: A veces se presupuesta más de lo necesario debido a una evaluación demasiado optimista (Recordemos el “Presupuesto base cero, en el sexenio pasado). En ocasiones, el subejercicio también puede deberse a que la SHCP no entrega los recursos a tiempo, aunque oficialmente la responsabilidad recae en la entidad pública. Todas estas situaciones pueden llevar a que los fondos asignados no se gasten completamente durante el período presupuestario, resultando en un subejercicio. Sin embargo, esto no significa necesariamente que hubo un ahorro intencional o que los fondos no sean necesarios. En el caso de la salud es de vital importancia puesto que no sólo hablamos de números, sino de la salud de millones de mexicanos. La caída del gasto en salud en México refleja una situación preocupante en el sistema y la atención médica en el país. La falta de inversión adecuada tiene consecuencias directas en la calidad y accesibilidad de los servicios médicos para la población. Además, el aumento del gasto de bolsillo pone una carga adicional sobre los hogares mexicanos, lo que agrava aún más la desigualdad y dificulta el acceso a la atención médica.

 

El gasto en salud en México representó más del doble del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A pesar de que muchos países cuentan con una cobertura sanitaria casi universal, los pagos de bolsillo siguen siendo una fuente importante de financiamiento de la salud. Esto se refiere a la proporción del gasto que los hogares destinan directamente para cubrir los diferentes requisitos de atención médica, una vez que satisfacen sus necesidades alimentarias. Al tercer trimestre de 2023, la partida de Medicinas y productos farmacéuticos, tiene un subejercicio de ¡18 mil millones! El presupuesto aprobado fue de 82 mil millones y el monto ejercido solo de 64,011 mil millones. Estos 18 mil millones que “quitaron” a la salud, son equivalentes a todo el presupuesto para vacunación y salud materna juntos. Sí, aquellos rubros en donde la salud ha caído a niveles históricos. México atraviesa el peor nivel de vacunación de los últimos 18 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019. Los datos revelaron que solo 18.5% de menores de un año de edad cuenta con su esquema completo de vacunación, es decir, ocho de cada 10 no están protegidos contra enfermedades para las que ya existen vacunas. ¿Ahorro o ineficiencia? Cual sea la causa, pero nos están enfermando más.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

La nueva credencial de salud.

 

El derecho a la salud es un derecho preponderante que desde el artículo 4 de la Constitución Federal se establece para toda persona que se encuentre en el territorio nacional, de manera preventiva, curativa y de rehabilitación, así como de los tratamientos paliativos que sean necesarios bajo un diagnóstico. El servicio de salud es proporcionado por las diversas instituciones públicas, privadas y de carácter social. Suena bien, ¿no?

 

Los beneficiarios de los diversos servicios de salud tienen el derecho de recibir la atención sin ningún tipo de discriminación, desde la relación médico-paciente como de los medicamentos y los insumos esenciales para un oportuno y temprano diagnóstico y tratamiento de los padecimientos detectados por las unidades médicas de consulta, hospitalización y de alta especialización, conforme a las instituciones encargadas y autorizadas para dar los servicios. El acceso a los servicios deberá ser de manera igualitaria para toda la población, y equitativa atendiendo al derecho de proporcionalidad, es decir, en la misma proporción en que sean requeridos por los beneficiarios serán proporcionados para ellos, sin distinción cuantitativa y cualitativa, de ahí que, con el propio artículo 1 de la Constitución Federal, desde el año 2011 se pueda establecer como un derecho humano. Todo beneficiario del servicio de salud debe también contar con un expediente clínico, que deberá ser requisitado y llenado por el personal de salud con los datos que establece para ello la Norma Oficial Mexicana de Salud, número 004. La información y atención derivada del servicio deberá darse bajo el principio de confidencialidad y protección de los datos personales del beneficiario. Entre las obligaciones de los beneficiarios de los servicios de salud se encuentran conducir sus acciones tendientes a proteger la salud y prevenir las enfermedades; hacer uso de las credenciales o identificación del servicio sin transferirlas; informarse sobre los procedimientos que rigen en el establecimiento que le brinde el servicio; informarle veraz y oportunamente al personal de salud acerca de sus antecedentes, necesidades y problemas de salud; cumplir con las recomendaciones de prescripción, tratamiento o procedimiento en general que le otorgue el personal de salud; informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consulta y quejas. En nuestro sistema de salud todo parecería marchar bien. Tras la firma del Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud con los gobiernos de 23 entidades del país, por medio del esquema IMSS Bienestar, el presidente detalló que el servicio en esas entidades se ofrece sin la necesidad de presentar algún documento y de manera gratuita, pero adelantó que posteriormente se otorgará a los usuarios una “tarjeta" para poder dar seguimiento de la situación de salud de cada persona y los medicamentos que reciben. Cuando inició esta administración, Angélica Cisneros, extitular del Seguro Popular y actual diputada por Morena, anunció, junto con Jorge Alcocer, secretario de Salud, la eliminación de este esquema de seguridad, el cual sería reemplazado por el Insabi. Dijeron que ya no habría un proceso de credencialización y no hubo credenciales por cinco años. ¿Son necesarias?

 

Recientemente se anunció el inicio del proceso de credencialización de los servicios del IMSS-Bienestar, con el objetivo de identificar beneficiarios y verificar que los datos estén actualizados, para lo cual tiene razón, porque desde los tiempos del Seguro Popular ya se tenía registro de un padrón inflado de beneficiarios o de doble afiliación. ¿Hay antecedentes? ¿Tenía credencial el Seguro Popular? Seguro Popular contaba con una póliza de afiliación, pero en algún momento se planteó la credencial. ¿Por qué no prosperó? Resulta que Image Technology, era una empresa que, fue involucrada en una red de corrupción que escaló hasta la destitución e inhabilitación del titular del Seguro Popular, debido a marcadas deficiencias en el proceso de credencialización de sus beneficiarios. Por considerar que Image Technology entregó material deficiente y que la tarjeta electrónica que le fue encargada jamás funcionó, la Secretaría de la Función Pública canceló un contrato que la Secretaría de Salud había firmado con la empresa por un monto de 465 millones de pesos. Con estos recursos se habría financiado, entre otras cosas, la expedición de 3.7 millones de credenciales para afiliados al Seguro Popular, además de la instalación de un sistema operativo que habría contenido los datos de los medicamentos empleados en cada región del país. En sus indagatorias, la SFP determinó que las micas ofrecidas por Image Technology incumplieron con las especificaciones oficiales y estaban abiertas a filtraciones de seguridad. La cancelación del proyecto causó un perjuicio de 368 millones de pesos al patrimonio público. En la competencia por la credencialización, también se encontraba la familia Kahwagi, dueña de la empresa Cosmocolor, encargada de la emisión de licencias de conducir en Sonora, Nuevo León y Puebla y a la que la Función Pública ligó en el fracaso del enrolamiento de identidades para la credencial del Seguro Popular. Lo más fácil sería consultar su estatus con INE o CURP como se ha venido haciendo ya que la experiencia nos dice que la credencialización solo sirve para llenar los bolsillos de alguien.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

 

 

 

 

El complicado tema de la objeción de conciencia.

 

La salud ha sido señalada por organismos internacionales como un elemento fundamental del progreso social y reconocimiento de la dignidad humana, teniendo en cuenta que todos y cada uno de los individuos activos son sujetos de su protección, tanto si se trata del personal de salud como de los pacientes y sus familias.

 

La objeción de conciencia es definida conceptualmente como el rechazo a someterse a una norma o a una disposición de ley que se considera injusta, en cuanto que se opone a la ley natural, contraria al respeto de la vida y dignidad humana. ¿Cómo es eso? Digamos que existe una paciente embarazada en un hospital producto de una violación y la paciente desea practicarse un aborto, pero por otra parte el médico a cargo, debido a sus creencias, no quiere realizarlo. ¿Complejo, verdad? En este sentido, los razonamientos actuales en materia de bioética poseen una importante relevancia para la clarificación de los dilemas médicos, y es precisamente la objeción de conciencia un ejercicio de la autonomía en el contexto de la atención médica que toma en cuenta la situación social, económica y de salud en el mundo, considerando sus implicaciones éticas. En México existen algunas disposiciones legales que reconocen la objeción de conciencia como un derecho, a saber: Artículo 24. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Artículo 59. Ley de salud del Distrito Federal: El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir; cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia. Norma Oficial Mexicana 046: En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El pasado mayo de 2018, el Congreso, adicionó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud en el que se establece que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida del paciente no se ponga o se encuentre en riesgo. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta adición del artículo 10 Bis. Nuevamente resurge la polémica en este tema ya que se pretende regular bajo qué casos el personal médico puede negarse a cumplir su trabajo sin tener repercusiones laborales, penales, administrativas y, lo más importante, sin violar el derecho de otras personas. “La objeción de conciencia es la negativa a cumplir un mandato jurídico por ser incompatible con sus convicciones fundamentales”, explica el dictamen avalado en comisiones, el cual reúne las iniciativas presentadas por Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La nueva redacción de dicho artículo indicará que la objeción de conciencia será “el derecho individual del personal médico profesional y de enfermería adscrito al Sistema Nacional de Salud para negarse a realizar un acto médico legalmente aprobado y jurídicamente exigible, al considerarlo incompatible con sus convicciones religiosas, principios morales o de conciencia ética”.

 

En 2021, la Corte exhortó al Congreso a regular el derecho a la objeción de conciencia, aclarar que es individual y establecer reglas bajo las cuales las trabajadoras y los trabajadores de la salud puedan apegarse a él sin poner en riesgo la vida o la integridad de otra persona a su cuidado. Además, indicar en la ley que el Estado debe contar con personal no objetor. El pasado 31 de octubre, Morena y aliados aprobaron una reforma a la Ley General de Salud en la que se establece que la objeción de conciencia no será procedente cuando falte personal, cuando la negativa o postergación de la atención implique un riesgo para la salud de la persona, exista la posibilidad de secuelas o discapacidades, prolongue el sufrimiento o no exista una alternativa viable. Además, indica que el retraso o entorpecimiento de los servicios de salud de manera negligente, bajo la premisa de objeción de conciencia, dará lugar a sanciones de carácter civil, administrativo e incluso penal. Por considerar que la reforma atenta contra esa libertad y criminaliza la práctica médica, representantes del gremio hicieron un llamado al Senado para abrir un diálogo de discusión antes de su eventual aprobación. A nombre de más de 60 asociaciones y decenas de profesionales de la salud, José Narro, ex Secretario de Salud, llamó a evitar una persecución contra médicos y enfermeras por su actuar profesional. Un tema complejo, pero necesario.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora

 

Acapulco: La tragedia.

 

Cuando el Centro de Control de Huracanes de Miami había advertido sobre la peligrosidad de Otis, en Acapulco todo continuaba normal, a los turistas se les decía que se quedaran en su habitación, y evitaran actividades fuera de sus hoteles. No tenían idea de la devastación que estaba por venir, y que pudo prevenirse ¿o no?

 

Horas después de que había pasado el huracán no se tenía información. No se habilitaron refugios para sectores populares porque nada estaba previsto: no se previó que ante un huracán categoría cuatro (ésa era la información original) con vientos superiores a 200 kilómetros por hora (fueron finalmente de 270 kilómetros) se necesitaran tomar precauciones adicionales a las de una simple tormenta. Tomando en cuenta que Acapulco es una ciudad en donde las necesidades son muchas. Un lugar turístico y nostálgico para muchos en nuestro país; si, pero con una población en situación vulnerable, a donde no llegan los beneficios de la derrama económica por el sector turístico. Acapulco (al igual que el resto del país) también padece de indiferencia de sus autoridades, inseguridad, drogadicción, y padecimientos de salud que se asocian a todo esto. Hay que recordar que Acapulco es la sede de una de las secretarias que se mudaron, debido a la decisión (unilateral) del ejecutivo; la secretaria de salud. ¿Estará igual a cómo se encuentra Acapulco?  El secretario de salud, fue el único del gabinete que mudó las oficinas de esta dependencia federal al puerto de Acapulco. Mudanza que le salió a la Federación en 140 millones de pesos y en la que sólo se trasladaron menos de 200 trabajadores, muy lejos del edificio que tiene en la calle de Lieja, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Algo que a muchos nos parece absurdo o a ¿alguien le ha parecido útil la oficina de la SADER en Cajeme, por mencionar un ejemplo? Los temas más apremiantes actualmente en salud, son varios entre los que destacan los derivados de la falta de combustible, del servicio de luz eléctrica y del desabasto de agua. Este último el más sensible para la población. Es la falta de agua que reclaman miles de habitantes guerrerenses, lo que impacta directamente en la atención médica. El nulo funcionamiento de los drenajes y la falta de agua potable en Acapulco ponen en riesgo a los pobladores de contraer enfermedades gastrointestinales, respiratorias, dengue, zika, tifoidea y hasta posible riesgo de cólera, que se puede transmitir por agua contaminada, de acuerdo con infectólogos e inmunólogos. Los enfermos más graves han sido enviados a hospitales de la Ciudad de México, tanto de la Secretaría de Salud, del IMSS e ISSSTE, un total de 114 personas. Los datos oficiales más recientes revelan que se han realizado 325 traslados de pacientes: 272 terrestres y 53 por vía aérea. Sin embargo, aún no se cuantifican los afectados por Otis. Se sabe que las autoridades de salud han comenzado a realizar un censo. Este fenómeno meteorológico golpeó también la red de salud hospitalaria de Acapulco. Un total de 120 hospitales y clínicas resultaron con afectaciones, algunas más graves que otras. En las primeras horas todo fue un caos y muchas personas que resultaron dañadas, ya sea porque se fracturaron una extremidad, se cortaron con alguna lámina suelta o se golpearon la cabeza, no tuvieron atención médica porque personal de salud no se daba abasto porque los mismos hospitales resultaron afectados. La instalación del Comando para la Seguridad en Salud tiene como prioridad evacuar a la población de las zonas inundadas, prevenir enfermedades infecciosas e instalar albergues seguros, con acceso a agua limpia y comida segura. Sin embargo, se requieren plantas potabilizadoras para asegurar agua limpia, situación que aún no se tiene en Acapulco.

 

Después del huracán Paulina, en Octubre de 1997 el presidente en aquel entonces el Dr. Ernesto Zedillo suspendió un viaje que tenía programado a Alemania y se trasladó para instalarse de manera permanente a Acapulco que se encontraba devastado al igual que Oaxaca. Pidió la renuncia del alcalde en turno que era compadre del gobernador y que en ese entonces no se sabe si se encontraba en las Vegas o en Disney cuando sucedió la tragedia del huracán. Hasta el término de esta columna no se ha visto a la gobernadora Evelin Salgado ni a la alcaldesa de Acapulco atender a sus votantes. Se dice que la gobernadora se encontraba en una fiesta en Nayarit. Lo cierto (y para su suerte) es que no correrán la misma suerte con la que corrieron sus antecesores. Pobre Acapulco que además de padecer estas tragedias, también sufren las inclemencias del clima.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora