La
Cámara de Diputados aprobó este miércoles pasado, una reforma impulsada por
Morena para permitir que el gobierno federal pueda utilizar hasta 33,000
millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, la intención, dicen,
es modificar el artículo 77 bis de la Ley General de Salud, que dio vida al
Seguro Popular, y en el cual, en el pasado, se establecieron “candados” para
que el dinero de ese fondo sólo se use para pagar los tratamientos de
enfermedades muy costosas, es decir, dinero ya destinado. La idea de tener
recursos para la vacuna contra el covid-19 no suena mal. Lo que suena mal es
que se ponga en riesgo la vida de personas con enfermedades que son muy caras
de costear y que se pueden quedar sin recursos y que el gobierno disponga de
ese dinero sin los “candados” preestablecidos.
El
cambio no llegó con buenos ojos por parte de los partidos de oposición con el
argumento de que no hay garantía de que esos recursos en realidad serán usados
para salud e implicarán quitar dinero a la atención de enfermedades
catastróficas, como el cáncer. El tema quedó avalado en lo general por 242
votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones. Ahora, el asunto pasará al
Senado, donde se prevé que sea discutido a la brevedad para que esos recursos
puedan contemplarse en la bolsa que el gobierno federal pueda emplear para el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021. El Fondo de Salud para
el Bienestar, antes llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos,
tenía hasta el 30 de junio un saldo de 101,161.7 millones de pesos, de acuerdo
con el reporte de la Secretaría de Hacienda. De ese monto, se quiere disponer
de una parte para la compra de la vacuna contra el COVID-19. El fondo se creó
el año pasado con la reforma de salud que dio origen al Instituto de Salud para
el Bienestar (Insabi); sus recursos provenían del fondo destinado para atender
enfermedades que generan gastos catastróficos en las familias, usado con el
Seguro Popular, el cual fue desaparecido por el gobierno actual tras considerar
que había irregularidades en él. En Noviembre pasado, posterior a la
desaparición/modificación del mismo; La reforma estableció que el Insabi
canalizara al Fondo de Salud para el Bienestar el equivalente a 11% de la suma
de los recursos del gobierno federal y los estados. De estos, el Insabi
asignaría 8% a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos,
2% a la atención de necesidades de infraestructura preferente en las entidades
con mayor marginación social, y 1% para complementar los recursos destinados al
abasto y la distribución de medicamentos e insumos, así como al acceso a
exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social. La discusión de
esta iniciativa se da en medio del proceso de aprobación del Paquete Económico
2021. La Ley de Ingresos tiene que estar aprobada por el Senado a más tardar a
finales de este mes; de acuerdo con los legisladores de la oposición, ahí se
tienen contemplados estos recursos y por eso la urgencia. Durante la aprobación
de la desaparición de 109 fondos y fideicomisos, los diputados de Morena
intentaron colocar un transitorio en el que se preveía disponer de los recursos
de este fondo, pero la propuesta fue retirada. Posteriormente, en la discusión
de la Ley de Ingresos en la Cámara baja, de igual manera se incluyó un apartado
para usar los 33,000 millones, aunque también fue retirado. Ahora, se apostó
por una nueva reforma y está en manos del senado.
Con la bolsa del Fondo de Gastos Catastróficos, se cubrían las estrategias
del Seguro Popular; Entre los padecimientos clasificados como catastróficos:
los diferentes tipos de cáncer infantil, de próstata, mama, cérvico-uterino,
ovario; infarto agudo al miocardio en menores de 65 años, así como ciertos
trasplantes de córnea, médula ósea y riñón, así como enfermedades raras o
huérfanas. En el área oncológica, el Seguro Popular solía destinar 20 mil
millones de pesos para cubrir, de manera integral, esta enfermedad
catastrófica. Se otorgó atención integral a más de 32 mil personas. En este
esquema de servicios creado en 2004 cuenta, por aparte, con fideicomiso para
cubrir con antirretrovirales a los pacientes que viven con VIH/Sida. Se
conformaba también con la aportación solidaria de los estados, es decir, con
cerca de 30 mil millones anuales. Este recurso ya no se obtuvo con la
desaparición del Seguro Popular. Los recursos dirigidos a ese fondo de salud
también han servido para construir infraestructura, en las entidades
federativas con mayor marginación social, para complementar recursos destinados
al abasto y la distribución de medicamentos y demás insumos. ¿Qué pasará con
los pacientes que padecen esta cruel enfermedad? Lo cierto es que llevan meses
manifestándose por falta de medicamentos, esperemos que prevalezca la razón y rectifiquen
en cuanto al gasto en salud.
Dr.
César Álvarez Pacheco
@cesar_alvarezp
Huatabampo,
Sonora.
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