La
violencia de pareja sigue constituyendo un tabú social y cultural, a pesar de
ser un fenómeno de gran magnitud en México y un grave problema de salud
pública en el mundo. Debido a que el ejercicio de la violencia masculina se
sigue considerando como algo “normal”, con frecuencia resulta “invisible” aun
para las propias mujeres maltratadas y esto incide en una inadecuada respuesta
al problema. Los elementos que contribuyen a esta negación y naturalización
de la violencia son múltiples y de diverso orden: personales, de la relación
de pareja, y de orden institucional, social y cultural. Lo cierto es que el
movimiento feminista cada día cobra mas fuerza y por fortuna, se le pone mas
atención aunque aún hay mucho por hacer. El proximo 9 de marzo “Un día sin
nosotras” será crucial para este movimiento, pese a los descalificativos que
han tenido por parte del presidente.
La
investigación acerca de la violencia en contra de la mujer en México es muy
reciente. Sus inicios se remontan a principios de la década de los noventa,
cuando se realizaron los primeros estudios de prevalencia, sobre todo de
violencia de pareja. De entonces a la fecha, la notificación de la prevalencia
de violencia de pareja oscila entre 30 y 70%. Las diferencias entre las
prevalencias señaladas en estos estudios se pueden explicar por: la
utilización de diferentes definiciones conceptuales de la violencia de pareja;
el uso de distintos instrumentos para su medición; y el tipo de población y
zona geográfica estudiada. Hace
poco más de 10 años la violencia se entendía a escala mundial como el quehacer
exclusivo de los criminólogos y los aparatos de justicia. Prevenir la violencia
era un asunto que competía sólo al oficial de policía, los jueces de la corte y
los celadores de las cárceles. Más aún, prevalecía la idea de que la prevención
de futuros comportamientos violentos sólo era posible si se encarcelaba y
castigaba a los agresores: el miedo a la sanción era la forma de evitar que los
potenciales agresores cometieran actos delictivos. Pero pareciera que ese
“miedo” a la sanción, en ocasiones se olvida y gana el impulso. Y es que este
problema se ha agravado los últimos años hasta convertirse no solo en un
problema social y cultural, sino de salud pública. De enero a diciembre de
2019 ocurrieron en México 916 feminicidios, de acuerdo con el reporte del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado de
Veracruz ocupa el primer lugar nacional con 157 víctimas por este delito; Edo.
De México, el segundo con 122; la CDMX, la tercera con 68; Nuevo León, el
cuarto lugar y Puebla, el quinto, con 58 feminicidios, respectivamente. Para
darnos una idea de la dimensión y la gravedad de estos datos, en 2015 se
contabilizaron en nuestro país 411 feminicidios, es decir que el número de
víctimas se ha duplicado. En una resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 2009, el feminicidio quedó definido como el homicidio de
mujeres por razones de género y resolvió que el acceso a la justicia para ellas
ante actos de este tipo debería seguir los protocolos internacionales de
protección a ese sector de la población. Hay evidencias de que las mujeres
maltratadas hacen más uso de los servicios de salud, incluyendo consultas de atención
primaria y desde luego de los servicios de urgencias, frecuentemente con
padecimientos que enmascaran el problema de fondo, de ahí la importancia de
identificar al momento de la atención, cualquier tipo de violencia.
La
trayectoria de búsqueda de ayuda institucional es parte de lo que se conoce
como “ruta crítica”, es decir, el propio proceso de conscientización y
búsqueda por parte de la mujer, y los recursos sociales e institucionales con
los que pudo contar o no, para dar solución a su problema. Diversos estudios
muestran que las víctimas de violencia, no acuden a los servicios de salud para
solicitar ayuda de manera inmediata. Suelen evitar hacerse “visibles” en los
servicios de atención por vergüenza o desconfianza, y cuando acuden por lesiones
o malestares causados por la violencia, constatan que los médicos no
identifican de manera inmediata el problema. En contraste, las psicólogas o
las trabajadoras sociales que laboran en estos mismos servicios les merecen
más confianza, en especial porque muestran un mayor interés o voluntad de
ayudar. Por su parte en las oficinas de ministerios públicos, es frecuente que
se les pida regresar otro día, y solicitar otra cita. Para entonces puede ser
que las lesiones ya no sean visibles, en cuyo caso se envía a la mujer de
nuevo a su casa sin ninguna solución. En otras ocasiones, la misma espera hace
que la propia mujer “se arrepienta” y abandone el proceso. Mucho por hacer, a
pesar de la indiferencia y denostación por parte del gobierno, sin embargo cada
día el movimiento feminista cobra mas fuerza. En hora buena.
Dr.
César Álvarez Pacheco
cesar_ap@hotmail.com
@cesar_alvarezp
Huatabampo,
Sonora.
